Familiares de Rocío San Miguel han solicitado al gobierno de España que respalde su proceso legal y la ayude a demostrar su inocencia para así recuperar su libertad. Según fuentes cercanas a la presa política, han hecho esta solicitud a través de declaraciones a El Mundo.
«Pedimos al gobierno español que nos acompañe en este proceso y que Rocío pueda demostrar su inocencia y ser puesta en libertad», expresaron los familiares.
Se ha destacado que los vínculos entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el canciller chavista, Yván Gil, permitieron que la hija de Rocío, Miranda, pudiera visitarla en El Helicoide después de su liberación.
Rocío San Miguel está siendo acusada por el Ministerio Público de participar en la supuesta conspiración conocida como «Brazaletes blancos», de espiar y de recibir pagos de una empresa petrolera. Entre las pruebas presentadas, se incluyen mapas de regiones militares de Venezuela publicados por la ONG que ella preside.
El pasado 8 de marzo, Miranda pudo visitar a su madre por segunda vez. El abogado de Rocío San Miguel, Juan González Taguaruco, informó sobre esta visita en redes sociales y también reveló que Rocío pidió que las autoridades chavistas reconsideren su situación y le concedan la libertad.
Sin embargo, a pesar de la visita de su hija, la preocupación persiste, ya que Rocío enfrenta medidas cautelares y no se le ha permitido el acceso a sus abogados ni se ha presentado en tribunales en las fechas establecidas.
«Queremos que pueda tener acceso a sus abogados cuanto antes», afirmaron las fuentes cercanas.
El Mundo señaló que hay otros seis presos políticos con doble nacionalidad, española y venezolana, incluyendo a Rocío San Miguel y a su antigua pareja, que permanecen detenidos en cárceles de Venezuela. Además, Alejandro González de Canales, María Auxiliadora Delgado, Karen Hernández, Ángela Expósito y Jorge Alayeto, también enfrentan acusaciones en diversas tramas y supuestas conspiraciones.
Las familias de estos presos políticos esperan el respaldo y la ayuda del gobierno español para que puedan obtener justicia y recuperar su libertad.