El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa a Pam Bondi pronunciar un discurso tras ser juramentada como fiscal general, el 5 de febrero. Foto: EFE
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó el miércoles un memorando con el objetivo de restablecer la pena de muerte a nivel federal y poner fin a la moratoria sobre ejecuciones, que se aplicará a inmigrantes indocumentados que cometan de delitos graves.
Por Elnacional
El memorando tiene como objetivo aplicar una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que anula la moratoria sobre ejecuciones federales impuesta durante el gobierno de Joe Biden.
En julio de 2021, el fiscal general de ese momento, Merrick Garland, suspendió las ejecuciones, las cuales habían sido retomadas durante el primer mandato de Trump después de 17 años, debido a un notable incremento de casos.
Es decir, el memorando de Pam Bondi revoca la orden de Garland y ordena al Departamento de Justicia de EE UU realizar las ejecuciones dictadas por los tribunales federales. Además, instruye a los fiscales a solicitar la pena de muerte en casos de delitos más graves y con pruebas contundentes, siempre que sean legalmente aptos para esta condena.
«El asesinato de un agente de la ley o un delito capital cometido por un extranjero que se encuentre ilegalmente en EE UU son los tipos de circunstancias agravantes que, en ausencia de circunstancias atenuantes significativas, justificarán que el Departamento (de Justicia) solicite la pena de muerte», se lee en el memorando.
El documento también reactiva una directriz de 2018 emitida por el exfiscal general Jeff Sessions, en la que se instó a los fiscales a solicitar la pena de muerte en delitos relacionados con drogas, siempre que las circunstancias del caso lo justificaran.
«La política también se aplicará a los casos de delitos capitales no relacionados con drogas cometidos por cárteles, organizaciones criminales transnacionales y extranjeros que cruzan nuestras fronteras y permanecen en EE UU sin estatus legal», instruyó la fiscal general.
La pena de muerte sólo se aplicaría a inmigrantes en situación migratoria irregular acusados de delitos capitales, definidos por la justicia estadounidense como «asesinato, traición, genocidio o el asesinato o secuestro de un congresista, el presidente o un juez de la Corte Suprema». El simple hecho de estar indocumentado no es razón para recibir la pena de muerte.