La Fiscalía General de la República ha emitido una orden de detención internacional contra cinco operadores extranjeros involucrados en un esquema de corrupción en la comercialización de crudo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Esta medida marca un hito al ser la primera vez que personas de otras nacionalidades son implicadas en este caso.
Con información de El Nacional
La orden de aprehensión, firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, afecta a los operadores Alessandro Bazzoni (italiano), Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva (mexicanos) y Jorge Germán Bonelli (argentino).
Según el documento emitido por el fiscal 73, la orden de captura se basa en la presunta comisión de delitos como tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir, además del delito de contrabando agravado.
Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez fueron sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su participación en un esquema de evasión de sanciones a Pdvsa mediante un grupo de empresas. Ambos operadores son considerados cercanos al empresario colombiano Alex Saab, señalado por Washington como testaferro de Nicolás Maduro y actualmente detenido en Florida por corrupción y lavado de dinero.
José Luis Chávez Calva ha sido señalado de participar en un esquema para movilizar miles de millones de dólares provenientes de la corrupción en Pdvsa a través de bancos europeos. Por su parte, Jorge Germán Bonelli es mencionado como directivo de la firma Ragnhild Capital Inc, constituida en octubre de 2017 en Panamá, en la cual también figura Alessandro Bazzoni como directivo.
La Fiscalía continúa investigando este caso de corrupción en la comercialización de crudo de Pdvsa, con el objetivo de desmantelar la red de operadores internacionales involucrados en estas actividades ilícitas. La emisión de la orden de detención internacional demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el sector petrolero.