La exjefa de Estado de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, queda sin sus pensiones. Al menos así lo informó este jueves 14 de noviembre el gobierno del presidente Javier Milei.
France24
El anuncio fue hecho por el vocero del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del gobierno.
A la exmandataria, en el Ejecutivo entre 2007 y 2015, se le retirarán las pensiones como expresidenta y la recibida por ser viuda del también ex jefe de Estado Néstor Kirchner, quien gobernó entre 2003 y 2007.
Las dos jubilaciones, según lo señalado por el vocero presidencial, representan 21,8 millones de pesos, equivalentes a alrededor de 21.800 dólares al cambio oficial actual.
Esta asignación tiene carácter no contributivo por la ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes y se otorga «con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, merito y buen desempeño en el cargo», subrayó Adorni.
La medida es anunciada justo un día después de que la Cámara de Casación Penal ratificara la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por un caso de corrupción.
La exmandataria «fue condenada por la Cámara de Casación Penal por ser autora del delito de administración fraudulenta, lo que representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño», resaltó el portavoz al anunciar la decisión del gobierno.
«La jubilación a un mandatario no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a los argentinos que vieron esfumar sus esperanzas a manos de la política», manifestó Adorni al justificar la decisión.
¿En qué va el proceso contra Cristina Fernández por el caso Vialidad?
El miércoles 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos» por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La ratificación llega luego de que el Tribunal Oral Federal 2 condenara, en diciembre de 2022, a Fernández por la causa conocida como Vialidad, en la que las autoridades investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de Néstor Kirchner, esposo de Fernández,quien gobernó entre 2003 y 2007, y en la administración de su pareja y sucesora, en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Sin embargo, la prensa local resalta que la exjefa de Estado no pisará la cárcel, al menos no por ahora.
¿El motivo? La ratificación de la condena contra la exjefa de Estado no quedará firme hasta el veredicto de la Corte Suprema, algo que podría ocurrir en marzo de 2025.
Fernández de Kirchner rechaza todos los señalamientos en su contra y los ha calificado de «mentiras».
La expresidenta está acusada de encabezar el complot para la adjudicación de esos 51 contratos de obras públicas viales a Lázaro Báez, muchas de las cuales nunca se terminaron o implicaron sobrecostos.
Cerca de 85% de los contratos viales de la provincia fue adjudicado a Báez, amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, según el juez federal Julián Ercolini, quien estuvo a cargo de la etapa de instrucción del caso.
Los fiscales aseguran que Báez, un exempleado bancario que de repente se convirtió en un magnate de las obras públicas, creó la empresa Austral Construcciones como una forma de ganar licitaciones estatales con la ayuda de sus amigos: los Kirchner.
Otras 12 personas también están procesadas en el caso, incluidos Báez y Julio De Vido, el ministro que estuvo a cargo de Obras Públicas durante la administración de Fernández.