El miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó su opinión de que la propuesta de cronograma electoral presentada por diversos sectores políticos, sociales y religiosos, reemplaza el acuerdo alcanzado entre la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el gobierno en Barbados en octubre pasado.
Según Rodríguez, este nuevo acuerdo es una evolución del Acuerdo de Barbados y lo sustituye. En sus palabras, «lo más puede ser menos». Es decir, el acuerdo de Barbados es un subconjunto de este nuevo acuerdo, que es mucho más amplio. Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con los medios.
El parlamentario afirmó que la propuesta firmada el miércoles por el 87% de los partidos políticos, así como por organizaciones sociales, empresariales, culturales y religiosas del país, incluye «todas las fechas de todas las propuestas». Considera que esto convierte al documento en algo mucho más completo que el acuerdo de garantías políticas y electorales alcanzado con la PUD el año pasado.
En octubre, el gobierno y la mayoría opositora firmaron un «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos», que establece que las elecciones presidenciales de 2024 -aún sin fecha definida- deben celebrarse en el segundo semestre del año.
Rodríguez aseguró que el documento que se presentará el viernes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contiene «27 fechas» propuestas, que también incluyen la opción de celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre, tal como se acordó en Barbados.
El martes, la PUD reafirmó su disposición a «revisar cualquier propuesta o documento relacionado con asuntos electorales, siempre y cuando se enmarque dentro del Acuerdo de Barbados». La coalición opositora instó al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con dicho pacto.
La semana pasada, la PUD presentó ante los representantes de Noruega, país facilitador en las negociaciones con el gobierno, un informe de 33 páginas que detalla supuestas violaciones de los acuerdos suscritos con el Ejecutivo venezolano. Según explicaron, las primeras 24 páginas contienen información documentada hasta el 26 de enero, cuando denunciaron la violación parcial de los acuerdos después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación de la candidata presidencial antichavista María Corina Machado, impidiéndole participar en cualquier elección.