Venezuela ha llamado a consultas al embajador de España en Caracas, Ramón Santos, ante lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera «insolentes, injerencistas y groseras declaraciones» de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien criticó la «persecución» y «limitación de derechos fundamentales» que, a su juicio, sufren los opositores en la nación suramericana.
El embajador, según explicó el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram, debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo chavista, que considera que las declaraciones de Robles «apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países».
El Ejecutivo de Maduro, explicó Gil, ha llamado también a consulta a su embajadora acreditada en España, Gladys Gutiérrez, aunque no precisó si la cita es para la misma fecha en la que Santos debe acudir a la Cancillería o en otra.
Robles manifestó, tras la llegada del líder opositor Edmundo González Urrutia a España -donde ha solicitado asilo al considerar que sufría persecución política y judicial en Venezuela-, que lo que hace el Gobierno del país caribeño con «muchísimos» antichavistas es «inaceptable e inasumible».
Este miércoles, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propuso una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper «todas las relaciones» diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, luego de que el Legislativo de la nación europea, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acordara reconocer a González Urrutia como presidente electo.
Edmundo González Urrutia en España
El opositor, que llegó a Madrid el domingo, pidió asilo debido a la «persecución» que dijo sufrir después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, la oposición insiste en que el vencedor fue González Urrutia, una afirmación que sustentó en el «83,5 % de las actas electorales» que asegura haber recabado mediante testigos y miembros de mesa el día de las votaciones, que -aseguró- otorgan la victoria al antichavista por un amplio margen.
No obstante, el Gobierno asegura que las actas, que fueron luego publicadas en una página web por la oposición, son «falsas».