La detención de Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos y experta en asuntos militares en Venezuela, ha sido denunciada por activistas. El fiscal general venezolano ha confirmado su arresto.
Según informaron activistas de derechos humanos el sábado por la noche, Rocío San Miguel, abogada y defensora de los derechos humanos, fue detenida el viernes junto a su hija en el principal aeropuerto de Venezuela cuando se disponían a abordar un vuelo.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las ONG más antiguas del país, confirmó la detención de Rocío San Miguel y exigió su inmediata liberación, denunciando este nuevo acto de persecución contra los defensores de los derechos humanos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que San Miguel fue detenida por su presunta implicación en un plan conspirativo y un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Según Saab, las investigaciones continúan tanto dentro como fuera del país.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón, dedicada a la defensa de los derechos humanos, alertó previamente sobre la «desaparición forzada» de San Miguel, lo que consideran un grave acto de persecución en Venezuela. La organización subrayó la obligación del Estado de informar sobre el paradero de la activista y los motivos de su detención.
En el pasado mes, el fiscal general Saab informó que al menos 36 personas han sido detenidas en relación con los planes conspirativos denunciados por el gobierno, y emitió varias órdenes de arresto. Además de San Miguel, también se han detenido a tres colaboradores de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, quienes también se encuentran en situación de desaparición forzada según denuncian sus abogados.
Rocío San Miguel es la presidenta de Control Ciudadano, una ONG que promueve la vigilancia sobre asuntos de seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional. Es constantemente consultada por medios locales e internacionales.
En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y su hija debido al acoso y las amenazas que recibían por parte de aquellos que se oponían a sus actividades al frente de Control Ciudadano.
San Miguel, quien tiene nacionalidad venezolana y española, recordó recientemente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano cumplir con una sentencia favorable que se emitió por violación de derechos políticos. La abogada llevó este caso ante la CorteIDH después de ser despedida de un organismo estatal en 2004 por haber firmado a favor de la solicitud de un referendo revocatorio contra el ex presidente Hugo Chávez.
Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel, así como el respeto a sus derechos, incluido el acceso a sus abogados y familiares.
Diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana y líderes políticos han denunciado un patrón de persecución y criminalización para silenciar a la disidencia. María Corina Machado, en su cuenta en X, llamó a la solidaridad nacional e internacional con San Miguel y todos los presos políticos en Venezuela.
La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a varios partidos de la oposición, condenó lo que consideraron como «desaparición forzada» de San Miguel y llamó a estar atento ante esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de las personas que denuncian violaciones de los derechos humanos en el país.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, ha expresado en varias ocasiones su preocupación por las restricciones al espacio cívico en Venezuela y ha pedido a las autoridades venezolanas la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.