La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) informó este jueves 19 de noviembre a través de en un comunicado fechado en Bogotá que el gobierno español sumará un aporte de 17 millones de euros a al de tres millones otorgado en 2017 para atender la crisis migratoria, para un total de 20 millones de euros.
El organismo añadió de la suma informada hoy, cinco millones de euros irán para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cinco millones de euros para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y siete millones de euros para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según la ONU, cerca de cinco millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años como consecuencia de la crisis que allí se vive.
De ellos, algo más de 1,7 millones se han asentado en Colombia, un país que muchos han atravesado, en ocasiones a pie, para llegar a otros destinos en la región.
Iniciativas que apoyará la inversión
Según la Aecid, el aporte busca fortalecer «los sistemas de asilo nacionales, la asistencia legal gratuita, el apoyo a menores no acompañados, la inclusión socioeconómica y medidas sanitarias y de fortalecimiento de los sistemas públicos de salud», así como «el mapeo regional de la situación, la lucha contra la discriminación y las operaciones financieras para proyectos de desarrollo».
El organismo recordó además que en Colombia, por ejemplo, desde 2017 se ha impulsado el trabajo de la Acnur y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como de organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, Ayuda en Acción y Cáritas.
Con ello se ha ayudado al trabajo que estas organizaciones han hecho en regiones fronterizas colombianas como Cúcuta y La Guajira en temas como «atención básica a migrantes, servicios de salud, albergues, alimentación e inserción productiva, entre otras».
Otras iniciativas de Aecid en la región
Este año se activó un «Convenio de emergencia con la Cruz Roja Española por 470.000 euros para contribuir a la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, afectadas por los impactos socioeconómicos de la crisis de la COVID-19 en Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras».