La creación de la comisión para “revolucionar la Justicia” busca enfrentar al diputado con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y alejarlo de la toma de decisión en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela
Por Sebastiana Barráez – Infobae
Hay una guerra interna en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al aflorar el conflicto entre los dos bandos de poder más fuertes en el chavismo: el de Nicolás Maduro Moros y el del diputado Diosdado Cabello Rondón. La ventaja del primero es que es el mandatario a quien Hugo Chávez designó como su sucesor con la bendición de los cubanos, mientras la del segundo, es ser hombre del 4 de Febrero, además de que sabe hacer silencio ante la provocación y, a diferencia de los otros que competían por el poder, ha logrado mantenerse.
Cuando Maduro decide la creación de una comisión para hacer una revolución judicial en un lapso de 60 días y al frente de ella designa a Cabello, lo hace con dos marcadas intenciones; enfrenta al diputado con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, cuyas relaciones no son nada armoniosas desde hace mucho tiempo. Por otra parte, obliga a Diosdado que se ocupe de dicha comisión en pleno apogeo de las elecciones internas del PSUV, donde se está designando candidatos para las venideras elecciones, acción medular para quien como él quiere mantener el control del partido de Gobierno.
Desde el primer momento que Maduro asume la presidencia, se sabe débil en el poder, no era un hombre con ascenso ni político ni militar, necesita maniobrar con habilidad porque de ello depende la supervivencia de Cuba que se nutre de los recursos que recibe de Venezuela principalmente. Cabello nunca fue procubano, más allá del discurso, pero en el chavismo siempre se supo de la resistencia que tenía ante el dogmatismo de Fidel Castro y los gobernantes de la isla.
La otra diferencia marcada entre ellos está en la prudencia y en la incondicionalidad con sus subalternos. Diosdado cuenta con hombres incondicionales, algunos civiles pero principalmente entre militares, quienes son parte de sus hombres y la lista no es corta. Las relaciones de Maduro son más volátiles y entre sus subalternos más fieles están los hermanos Rodríguez Gómez, Delcy y Jorge.
En el caso del Táchira, el estado fronterizo más álgido por la presencia y avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la pugna es encarnizada, por una parte, está la vicepresidente de la Asamblea Nacional, María Iris Varela Rangel, empujando la candidatura de Leonardo Alí Salcedo Ramírez, quien en varias oportunidades ha salido derrotado en su intento de llegar a la Gobernación del Táchira.
Por otra parte, apoyado por Diosdado Cabello, se postula, el exministro Freddy Alirio Bernal Rosales, quien ocupa un cargo para el que Nicolás Maduro lo designó a dedo como el de “protector del Táchira”, que en realidad no es más que la usurpación de funciones a la actual gobernadora Laidy Gómez.
La pretensión de postular a Bernal como candidato ha sido denunciado por dirigentes de las organizaciones de base del PSUV, quienes han reaccionado ante la maniobra de imponer al “protector” como candidato en las elecciones internas del chavismo.
En ese escenario, para frenar a Bernal, aparece en apoyo a Salcedo el exgobernador Ronald Blanco La Cruz, quien llegó hasta el grado de capitán del Ejército y es uno de los hombres claves de la intentona golpista del 4F, que en 1992 lideró Hugo Chávez, Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos.
En lo judicial
La Comisión Especial para la Revolución Judicial de Venezuela de la cual Maduro encargó a Diosdado, tiene pugnas internas. El presidente del TSJ, Maikel Moreno, fue quien designó a los magistrados por región, enviando a algunos de ellos a regiones con las cuales no tienen relación alguna, pero con las cuales busca el control judicial.
Región Central, que comprende a Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, fueron enviados los magistrados Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, Alejandro Andrés Chirimelli Zambrano y Cándido Ramón Ramírez.
Región Oriental, que abarca los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui y Monagas, donde fueron asignados los magistrados Francia Coello González y Adriana Carlota López Orellana.
Región Sur, perteneciente a los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, cuenta con los magistrados Yván Darío Bastardo Flores y Agueda Mirna Yépez de Labruzzo.
Región Los Llanos, de los estados Apure, Guárico, Barinas, Portuguesa y Cojedes, para donde destinaron a las magistradas Elsa Janeth Gómez Moreno y Anarexy Camejo González González.
Región Occidental, correspondiente a Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, para donde designaron a los magistrados Marco Antonio Medina Salas y Luis Yépez.
Región Los Andes, que abarca a los estados Mérida, Táchira y Trujillo, donde fue nombrada por la comisión las magistradas Yanina Beatriz Karabín Marín y Leidy Yurley Pérez Ramírez.
Ahora bien, la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia también nombró a diputados responsables según la división de REDI (Región Estratégica de Defensa Integral):
Redi Central, que cubre Caracas, Miranda, Aragua, La Guaira y Carabobo, la diputada responsable es Rosa del Valle León Bravo.
Redi Oriental, de los estados Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Monagas, tiene como responsable al diputado Elvis Junior Hidrobo Pérez.
Redi Occidental, cubre a Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy, con la diputada Carolina García Carreño.
Redi Los Andes, que se extiende a los estados Táchira, Mérida y Trujillo tiene como diputado responsable a Julio José García Zerpa.
Redi Sur, que corresponde a Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas tiene como responsable al diputado y excomandante General de la Guardia Nacional, MG Antonio José Benavides Torres.
Redi Los Llanos, para Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes fue designado como responsable la diputada Luz Coromoto Chacón Mendoza.
Todo conduce a la intención, por parte de Nicolás Maduro, de restarle el mermado poder que le queda a Diosdado Cabello.