El tribunal de La Haya abrió un caso formal contra la dictadura venezolana por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. La historia, los procedimientos y las limitaciones de la única herramienta legal que tiene el mundo para juzgar crímenes contra la dignidad humana
La Corte Penal Internacional (CPI) es algo bastante lejano para América Latina, y no solo porque su sede está en Holanda. Una de las críticas más habituales a este tribunal, que es el único con competencia internacional permanente para juzgar crímenes de lesa humanidad a nivel mundial, es que ha estado demasiado focalizado en las aberraciones cometidas en África. Sin embargo, la magnitud de la tragedia venezolana obligó a la CPI a prestarle más atención a América Latina. De hecho, La Haya y su fiscal Karim Khan trabajan hace meses en la causa formal contra el régimen de Nicolás Maduro por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017.
Dirigentes, periodistas y organizaciones independientes vienen denunciando desde hace años violencia estatal sistemática por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra ciudadanos y líderes opositores. A ellos se sumó Michelle Bachelet, que como alta comisionada para los Derechos Humanos reportó también miles de ejecuciones extrajudiciales, además de detenciones arbitrarias, torturas y vejámenes sexuales.
La CPI abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas. La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos.
Ahora, con la investigación formal en curso, la Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).