El secretario general del organismo fue grabado en una reunión privada con el Ministerio Público; el presidente electo Bernardo Arévalo canceló las reuniones con el gobierno y pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Las últimas horas en Guatemala volvieron a ser turbulentas. La semana empezó bien, pero en pocas horas descarriló. El lunes el presidente electo Bernardo Arévalo tuvo la segunda reunión de transición con el presidente en funciones, Alejandro Giammattei, en la que recibió mucha información de primera mano con datos sobre la gestión. Todo esto con la observación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Veinticuatro horas después, todo lo bueno de esa reunión se desvaneció. La Fiscalía allanó el martes instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y empezó a abrir cajas donde estaban guardados los votos, algo que tanto la OEA como el gobierno electo y el propio tribunal consideraron un ataque directo a la democracia.
La Ley Electoral de Guatemala establece que el único organismo habilitado para manejar los votos es el TSE y este allanamiento, por parte de funcionarios de una Fiscalía acusada de corrupción, es otro golpe más a un proceso electoral que viene siendo muy polémico por interferencias judiciales.
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Bernardo Arévalo (REUTERS/Cristina Chiquin)
A la noche de ese mismo día, Arévalo convocó a una conferencia de prensa en la que consideró que los episodios protagonizados por el Ministerio Público (MP) en las instalaciones del TSE era parte de un “golpe de Estado en proceso”.
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Allí el presidente electo pidió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, así como del fiscal que lleva adelante estas acciones, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quien ha habilitado estos movimientos. Porras, Curruchiche y Orellana están en una lista negra de Estados Unidos que señala a funcionarios corruptos de la región y tienen prohibido el ingreso al país norteamericano.
“Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo”, dijo Arévalo en rueda de prensa.
Lo que sorprendió de las acciones del presidente electo a algunos funcionarios diplomáticos en Washington que siguen de cerca lo que sucede en Guatemala fue la decisión de suspender la transición. Eso, en particular, plantea un desafío para la OEA.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, con el presidente saliente, Alejandro Giammattei, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la segunda reunión de transición realizada este lunes 11 de setiembre (PRESIDENCIA DE GUATEMALA)
La organización, a impulso de Estados Unidos y países como Canadá, Chile, Antigua y Barbuda, entre otros, ha puesto mucha atención a lo que sucede en el país centroamericano. Y luego de varias sesiones del Consejo Permanente en que se analizó la situación, en agosto los países emitieron una declaración unánime que condena lo que considera son “intimidaciones” de la Fiscalía al TSE y al gobierno electo.
Luego de esa resolución la OEA inició una nueva misión de observación, para dar seguimiento al proceso de transición. Almagro lidera esa misión y estuvo en el país para las dos reuniones entre Giammattei y Arévalo.
Según explicaron a Infobae fuentes de la organización, la misión liderada por Almagro continuará pese a la interrupción del proceso de transición.
La OEA, señalaron los informantes, seguirá monitoreando y observado el proceso de transición por más que no haya reuniones entre el presidente en funciones y el electo. Una de las fuentes estimó que la misión, por el contrario, tendrá que duplicar las reuniones, para poder mantener los contactos tanto con Giammattei y sus equipos de gobierno, como con Arévalo.
Por Infobae