Human Rights Foundation (HRF) insta al mundo democrático y a Estados Unidos, en particular, a mantener la presión de sanciones selectivas contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, ya que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y su dictadura sigue usurpando el Estado para utilizarlo como una empresa criminal transnacional.
El gobierno de EE. UU. debe continuar buscando formas de hacer que la ayuda humanitaria y la asistencia económica lleguen al pueblo venezolano, al tiempo que fortalece las sanciones dirigidas a la dictadura de Maduro y sus fuentes de financiamiento. Mantener la presión sobre los matones y los principales compinches de la dictadura demostrará la solidaridad de las democracias compañeras de todo el mundo con el pueblo venezolano y expondrá a sus opresores como parias internacionales hasta que todos los presos de conciencia sean liberados, se elija democráticamente a un nuevo presidente y se repare el millones de víctimas se convierte en una posibilidad real.
En una carta reciente al gobierno de EE. UU., un grupo de 25 venezolanos pidió la reanudación de las negociaciones con la dictadura y abogó por el fin de las sanciones en su contra. Como organización de derechos humanos centrada en ayudar a las personas que sufren bajo regímenes autoritarios en todo el mundo, HRF entiende que las sanciones dirigidas contra un dictador, sus compinches y sus principales fuentes de financiación son la única herramienta no militar seria con la capacidad de aplicar presión real y establecer que lo que hacen es inaceptable y no será normalizado por los líderes democráticos del mundo.
HRF entiende que, aunque las sanciones selectivas no son un fin en sí mismas, ya que el mundo de hoy es testigo de la costosa invasión militar de Ucrania por parte del dictador Vladimir Putin y las continuas atrocidades contra el pueblo ucraniano, la necesidad y el poder de las sanciones selectivas contra los dictadores y sus fuentes clave de financiación se vuelve aún más evidente.
Las sanciones siempre deben estar dirigidas contra los pilares de poder de la dictadura y siempre evitar dañar a civiles inocentes no afiliados al régimen. Sin embargo, levantar las sanciones cuando un dictador no ha cambiado significativamente el comportamiento nunca es una alternativa razonable porque indica que el costo a pagar por los abusos atroces de los derechos humanos disminuirá con el tiempo, aunque el dictador siga siendo despiadado y gobierne con mano de hierro.
“Hay pocos indicios de que el régimen venezolano se sentará a negociar de buena fe incluso si se les promete un alivio de las sanciones, ya que eso requeriría que estén dispuestos a liberar a los presos políticos y poner fin a los abusos generalizados contra los derechos humanos. La única razón por la que Maduro continúa aferrándose al poder en un país devastado es porque está dispuesto a cometer esos crímenes”, dijo el director ejecutivo de HRF, Thor Halvorssen. “Permitir que empresas de países democráticos hagan negocios en Venezuela con la esperanza de que rehabilite su decrépita industria petrolera es tan inmoral como una ilusión. Maduro dirige el país como su propia empresa criminal y enfrenta cargos en Estados Unidos. ¿La gente que pide el fin de las sanciones al país quiere que se retiren estos cargos? Incluso si esto es factible, el régimen, por su propia naturaleza, ha demostrado que es un gerente y socio comercial irresponsable, difícilmente un candidato para restaurar la industria petrolera de Venezuela”, agregó Halvorssen.
Actualmente, el régimen venezolano está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país desde al menos principios de 2017. Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha emitido órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros 14 miembros actuales y anteriores de su gobierno por su participación en narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales.
“Lo único que se logrará con el abandono de cualquier forma de presión sobre el régimen en este momento crítico es la normalización de una organización criminal que ha tomado como rehén a todo un país. Es impactante que este grupo de venezolanos que dicen oponerse a Maduro aboguen por el mismo tipo de alivio que espera el régimen. Es importante tener en cuenta que varios de los firmantes de la carta enviada a los representantes del gobierno de Estados Unidos han servido anteriormente como apologistas del régimen, agentes de relaciones públicas de sus oligarcas corruptos, y algunos incluso se han beneficiado de la generosidad de la dictadura”, agregó. Halvorssen.
“No hay buenas alternativas cuando se trata de dictadores como este. Lo que el mundo democrático debe hacer es tener una visión clara de lo que espera lograr con las sanciones. Necesitamos asegurarnos de que los autócratas paguen un precio por violar los derechos humanos. Abandonar este tipo de presión solo conducirá a la impunidad”, concluyó Halvorssen.