El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Yosida Vanegas, madre del preso político Juan Carlos Monasterios, de los delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, según denunció el abogado Alberto Mamoine en una entrevista con Efecto Cocuyo.
Mamoine explicó que Vanegas fue imputada después de una audiencia de presentación solicitada de manera urgente, en la cual se ejecutó una orden de aprehensión sin pasar por el sistema de unidad y recepción de documentos. A pesar de esto, no se ha proporcionado mayor información ni comunicación por parte del Ministerio Público.
El abogado también mencionó que presentaron un habeas corpus y una acción de amparo constitucional el 20 de agosto, pero el juez del Tribunal Primero de Control declaró que no procedían. Además, las autoridades no permiten el acceso al expediente de Vanegas ni informan sobre su lugar de reclusión.
La detención de Vanegas ocurrió el 15 de agosto en una alcabala en la localidad fronteriza de La Pedrera, en el estado Táchira, por presuntos oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Según se reporta, fue trasladada a la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas, aunque sus allegados no han podido confirmarlo.
Juan Carlos Monasterios, hijo de Vanegas, está acusado de participar en el ataque al Fuerte Paramacay en 2017 y de liderar un supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro en 2018.
La situación de los familiares de presos políticos en Venezuela ha sido denunciada por la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón. Según la ONG, alrededor de mil personas sufren persecución, humillación y amenazas en el país.
Durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional, la coordinadora de la ONG, Martha Tineo, afirmó que los familiares de presos políticos en Venezuela tienen sus vidas detenidas y experimentan dolor emocional, quiebre de la fuerza moral y secuelas psicosociales incalificables.
Según Tineo, más de mil venezolanos sufren el rigor de la prisión política, incluyendo a los familiares de los presos políticos. En el país, se estima que hay cerca de 300 personas encarceladas por motivos políticos, según organizaciones de derechos humanos.