La discriminación política que ha implantando el régimen con la venta de gasolina, evidentemente, tiene como propósito ejercer presión en el control social.
Pacífico Sánchez | IMP
Así lo advierte el doctor Joel Rodríguez Ramos, abogado constitucionalista, quien precisa que al utilizar este mecanismo en la venta del combustible se está aplicando una política discriminatoria condenada por la Constitución.
Al efecto precisó que el artículo 19 del texto constitucional establece que el Estado garantizará a toda persona conforme el principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público.
Cuando la persona tiene que estar inscrita en la página patria, que tiene un carácter político, evidentemente se está atentando contra un derecho, ya que los servicios públicos no pueden ser politizados.
Si el ciudadano no aparece en esa página, entonces, no puede adquirir la gasolina a cinco mil bolívares el litro y tiene que pagar cien mil bolívares, ya sea en moneda nacional o en dólares, que no es el signo monetario en curso…
“Este régimen utiliza cualquier circunstancia para ejercer su control social sobre la población, con el fin de inmovilizarlo y acallarlo como ha ocurrido con el coronavirus Covid 19 mediante una cuarentena que impidió la protesta por la falta de gasolina y otros servicios. Y ahora vemos cómo el combustible también llega con un nuevo precio, pero muchísimo más alto si no aparece el comprador en el Sistema Patria. Una forma más de sometimiento a la voluntad de quienes usurpan el poder”, dijo.