Las comunidades del pueblo indígena kichwa afectadas por un derrame de petróleo de al menos 15.800 barriles en 2020 en la Amazonia ecuatoriana solicitaron entablar un diálogo «intercultural» con instituciones estatales en sus mismos territorios, como garantía de sus derechos.
Así lo solicitaron al juez multicompetente de la amazónica provincia de Orellana, después de que la Corte Constitucional de Ecuador ordenara en noviembre de 2024 que el caso sea revisado nuevamente por un juez de primera instancia, tras confirmar que las decisiones anteriores vulneraron el derecho al debido proceso.
Como parte de este nuevo proceso, el juez Clemente Paz convocó a un diálogo intercultural para el próximo lunes de 30 de junio, mientras las comunidades denunciantes entregaron hoy un escrito al magistrado para exigirle que el encuentro se lleve a cabo en los territorios kichwa afectados por el derrame ocurrido hace cinco años.
La petición fue presentada a nombre de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE) y los accionantes son miembros de la comunidad kichwa de la ribera del río Coca, según informó -en un comunicado- la misma FCUNAE y la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador.
De acuerdo con estas organizaciones, «el derrame afectó gravemente la vida, salud, seguridad alimentaria, espiritualidad y territorio de más de 27.000 personas kichwas ribereñas».
«Aunque se presentó una acción de protección ese mismo año, hasta el día de hoy no se ha declarado la violación de derechos ni se ha garantizado una reparación integral a las comunidades que aún siguen sintiendo los impactos en su vida comunitaria», añadieron las mismas organizaciones.
Los accionantes sostuvieron que «realizar el diálogo en territorio es una condición indispensable para que exista un verdadero diálogo intercultural».
«Solo desde el territorio se puede comprender la magnitud de la afectación provocada por el derrame y cómo este ha ocasionado la fractura del vínculo de las comunidades kichwa con el río, con la selva y con la vida», ahondaron los solicitantes.
En ese sentido, los peticionarios enfatizaron que «no puede haber reparación sin escucha, ni escucha sin respeto a las formas propias de organización, pensamiento y autodeterminación de los pueblos indígenas».