El ministro de Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, anunció con orgullo que habían acabado con las estructuras criminales en las cárceles del país. Sin embargo, algunos expertos en materia carcelaria sostienen que este logro es solo un «show» y denuncian que se trata de un plan sin estrategia que llegó a un acuerdo con las pandillas.
Tocorón, en el estado de Aragua, fue el primero de los siete penales que fueron recuperados. Más de 10,000 policías y militares, apoyados por tanquetas y vehículos blindados, se movilizaron para intervenir esta cárcel. Aquí operaba el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más grandes de Venezuela, que extendió su influencia a varios países latinoamericanos.
Esta banda se financiaba extorsionando a la población reclusa, exigiéndoles el pago de una cuota semanal de 15 dólares. Esto les permitía mantener una infraestructura dentro de la cárcel, que incluía piscinas, bares, discotecas y hasta un zoológico. Además, continuaban operando en actividades delictivas como secuestros, robos, tráfico de drogas, prostitución e incluso minería.
Estas prisiones eran dirigidas por pranes, líderes de reclusos en las cárceles de Venezuela. Expertos aseguran que el gobierno se tardó en intervenir estas cárceles debido a la falta de recursos y voluntad política para combatir la corrupción.
Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), afirma que estos operativos podrían ser una distracción, ya que coinciden con la publicación del informe de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Según Prado, el gobierno montó un «show» sin una estrategia clara y lamenta que las cárceles hayan sido recuperadas a través de negociaciones con las pandillas.
Expertos también señalan motivos políticos detrás de estas intervenciones. Se acercan las elecciones presidenciales de 2024 y el presidente Nicolás Maduro busca mejorar la imagen del país y lograr el reconocimiento de posibles aliados regionales como Colombia y Brasil.
El «éxito total» de estas intervenciones podría aumentar el hacinamiento en las cárceles venezolanas, que actualmente albergan a 54,000 presos en 80 prisiones, de los cuales 9,000 estaban encarcelados en los establecimientos intervenidos.
La sobrepoblación carcelaria ya es del 164% y se espera que empeore. Esto podría dar lugar a más homicidios y motines, como ocurrió a finales del siglo XX.
Si bien la toma de las cárceles es un paso importante, los expertos advierten que esto no significa que se haya acabado con estas organizaciones criminales. El Estado privó a estas bandas de su base de reclutamiento y prestigio, pero las personas que las conforman aún están libres.
A pesar de todo, este logro representa un golpe importante para las bandas, ya que se les ha quitado su principal fuente de ingresos y prestigio. Las extorsiones semanales a los presos les permitían obtener hasta 3.5 millones de dólares.