Un programa humanitario del gobierno del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ha sobrevivido a un desafío legal liderado por Texas y otros 19 estados republicanos. El juez Drew Tipton, en el distrito federal del Sur de Texas, desestimó la demanda afirmando que los estados demandantes no demostraron que hayan sufrido un perjuicio por el programa establecido a finales de 2022.
En enero de 2023, los fiscales generales de Texas y los otros estados demandantes presentaron una demanda contra el Gobierno Biden, argumentando que el programa permitiría la llegada de cientos de miles de migrantes a áreas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, y obligaría a los estados a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública.
Los demandantes también alegaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abusó de su autoridad al ampliar el programa existente para los venezolanos desde octubre de 2022 y otorgar permisos humanitarios.
En su demanda, los fiscales estatales argumentaron que este plan perjudica a estados como Texas, que gasta grandes sumas de dinero en proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a las violaciones del gobierno federal al no aplicar la ley federal. También mencionaron a Florida, que según ellos sufriría daños irreparables debido a este programa, ya que ya gastan recursos estatales significativos en brindar servicios a los migrantes indocumentados que acogen.
Sin embargo, el juez Tipton señaló que la evidencia muestra que los cruces fronterizos de personas de los cuatro países mencionados disminuyeron después de que los programas de libertad condicional entraron en vigencia.
Esta decisión es sorprendente, ya que el juez Tipton, designado por el expresidente Donald Trump, ha emitido varios fallos en contra de la política migratoria del gobierno de Biden. Aunque la demanda puede ser apelada por los demandantes, por ahora, el programa humanitario del gobierno de Biden sigue en pie.