El diputado Julio Borges, designado como comisionado de Relaciones Exteriores por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, aseguró este lunes 30 de noviembre que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU reflejó que organismos de seguridad y judiciales son quienes ejecutan las órdenes del mandatario Nicolás Maduro.
“La Dgcim, el Sebin y el sistema judicial son señalados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos como los brazos ejecutores de la dictadura de Nicolás Maduro. Practican detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento a familiares, procesos penales amañados, entre otros”, sostuvo.
Borges afirmó que cada uno de los responsables están señalados en ese informe y por lo tanto, la justicia internacional debe tomar cartas en el asunto.
“Cada violador de DDHH está identificado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos y por tanto, existe la posibilidad de ser juzgado por la justicia universal. Ese es el camino a seguir por el mundo libre”, señaló en sus redes sociales.
La DGCIM, el SEBIN y el sistema judicial son señalados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos como los brazos ejecutores de la dictadura de Maduro. Practican detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento a familiares, procesos penales amañados, entre otros. pic.twitter.com/DYEKqpEWiy Julio Borges (@JulioBorges) November 30, 2020
Asimismo, Julio Borges señaló que Maduro se sostiene en el poder por un «aparato dictatorial» que fue diseñado por Cuba y «a través de este persigue y reprime a la sociedad civil, a la Fuerza Armada y a la alternativa democrática”, por lo que acotó que lucha interna es fundamental para fracturar la administración de Maduro y propiciar un cambio político en el país.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recibirá nuevas denuncias sobre violaciones a los DDHH en el país sucedidas a partir de 2014.
A través de una publicación, la Misión informó que recibirán y recopilarán nuevas denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida violencia sexual o de género que haya sido cometida por organismos de seguridad o particulares con aprobación del Estado venezolano.
El 16 de septiembre, dicha Misión emitió un comunicado para informar que tanto el mandatario Nicolás Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.
Luego, a principios de octubre, el Consejo de DDHH de la ONU aprobó una resolución donde se extiende por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
La resolución, impulsada por Perú y otros 15 países pertenecientes al Consejo, fue aprobada con 22 votos a favor, tres en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas) y 22 abstenciones. El mandato de esta resolución estipula que la Misión continúe investigando sobre estas violaciones a los derechos humanos, desde 2014, además de la situación del Arco Minero del Orinoco.