La Justicia argentina ha tomado la decisión de confiscar el avión de la aerolínea Emtrasur, que llegó al país en junio de 2022 con tripulantes venezolanos e iraníes sospechosos de espionaje. Desde entonces, la aeronave ha permanecido bajo custodia en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.
Esta medida fue tomada en respuesta a la solicitud formulada por la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, que pidió la confiscación del avión debido a posibles vínculos con el terrorismo internacional. La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, pertenecía originalmente a la empresa iraní Mahan Air y ahora es propiedad de Emtrasur, una filial de la estatal venezolana Conviasa. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
La tripulación, compuesta por 5 iraníes y 14 venezolanos, fue retenida inicialmente pero luego puesta en libertad por falta de evidencia. Sin embargo, Venezuela considera que la Justicia argentina está tratando de desconocer el artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que prohíbe la paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes. Además, argumenta que el tratado entre Argentina y Estados Unidos no puede aplicarse a un tercer Estado, ya que violaría las obligaciones asumidas en convenios multilaterales que establecen procedimientos para resolver este tipo de controversias.
El gobierno venezolano ha anunciado que recurrirá a las instancias internacionales correspondientes por este caso y exige la devolución inmediata de la aeronave. Considera que la actuación de la Justicia argentina muestra parcialidad, discriminación y desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, además de ser una conducta inamistosa y carente de cortesía internacional.