El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra la ex-gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, pudiera causar algún atraso, pero no detendrá el proceso judicial contra la exfuncionaria.
Por UN NUEVO DÍA
Herrera Velutini y Rossini no fueron arrestados el jueves por estar fuera de territorio estadounidense. Herrera Velutini, un banquero natural de Venezuela y dueño de Bancrédito, se encuentra en Inglaterra; mientras que Rossini, su asesor y un exagente del FBI; está en España, según dijeron las autoridades federales.
La exfiscal federal María Domínguez indicó que un caso judicial puede continuar aún si nunca se atrapan a todos los acusados.
“Los casos son individuales, pero el gobierno (la fiscalía) siempre va a querer un juicio en vez de tres juicios por economía judicial, de recursos, evidencia y porque la prueba es más contundente”, dijo Domínguez.
“Pero si un fugitivo no aparece, eso no paraliza los casos como el de Wanda”, agregó.
En cambio, Domínguez señaló que si los acusados que estén en otros países ya están en proceso de entregarse o de extradición, el Ministerio Público “va a solicitar (al tribunal federal) que se espere para tener un solo juicio, en vez de dos o tres”.
“Pero eso no evita que ella (Vázquez Garced) pueda declararse culpable o solicitar una resolución que no sea ir a juicio”, añadió.
Tras el arresto de Vázquez Garced, no se ha establecido una fecha de inicio de los procedimientos.
¿ENTREGA VOLUNTARIA O EXTRADICIÓN?
Los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), o cualquier oficial de ley y orden de Estados Unidos, no tienen autoridad para hacer arrestos en otros países. De ahí la diferencia a que Herrera Velutini y Rossini todavía estén en la libre comunidad, mientras que Vázquez fue arrestada por el FBI ayer en su casa en Río Piedras por cargos de conspiración, soborno y fraude.
Por estar fuera del alcance de los agentes, las autoridades federales entonces ya comenzaron gestiones para poder traer ante la justicia a los dos coacusados.
“Primero, (los acusados) siempre tienen la oportunidad de venir voluntariamente a Puerto Rico”, dijo ayer el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, en la conferencia de prensa en la que detallaron los cargos contra le exgobernadora y ex secretaria de Justicia.
Ese escenario, de ordinario, ocurre después de que las autoridades se comunican con el acusado o su abogado para informarle oficialmente sobre la acusación en un tribunal federal o estatal. Muldrow se negó a decir ayer cuándo ocurriría ese acercamiento.
Cuando se produzca la comunicación, el acusado informa si viajará o no a la jurisdicción de Estados Unidos para entregarse.
“Si no (lo hace), hay un proceso formal donde nosotros trabajamos con los gobiernos de esos países, de Inglaterra y España, para arrestarlos y traerlos acá”, indicó Muldrow. “Cada país tiene diferentes procesos”.
Ese es el proceso conocido como extradición, que se rige por acuerdos entre los gobiernos de cada país y que se inicia tan pronto el tribunal autoriza las órdenes de arresto. Tanto España como Reino Unido tienen tratados de extradición con Estados Unidos.
Cuando se le preguntó a Muldrow en qué momento se iniciarían las gestiones para traer a ambos acusados a la jurisdicción del tribunal, contestó que “eso no es algo que hablamos en público”.
En el caso de Vázquez, las tres órdenes de captura fueron emitidas el miércoles.
PROCESO JUDICIAL Y EJECUTIVO
El Departamento de Justicia federal informa en su portal web que “cuando una persona es buscada en Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Internacionales (del gobierno federal) trabajará con los fiscales para preparar una solicitud de extradición para ser sometida al país extranjero”.
Cuando llega la petición de extradición, a ese país, comienza un proceso judicial. La persona puede ser citada para comparecer a un tribunal de ese país o, si lo determinan las autoridades, será arrestada.
Pero ese proceso judicial no es para determinar si la persona es culpable o no culpable de los cargos. El tribunal solamente corroborará la identidad de la persona y “determinará si la petición de extradición cumple con los requisitos del tratado de extradición y la ley del país que recibió la solicitud”.
Si el tribunal resuelve que todo está en orden, entonces el proceso pasa a la Rama Ejecutiva de ese gobierno, que determinará “si entregarán a la persona en extradición” al gobierno de Estados Unidos.
Por ejemplo, uno de los casos criminales más notorios de extradición en Puerto Rico fue contra Áurea Vázquez Rijos, quien fue arrestada en España en relación al asesinato de su esposo, el empresario canadiense Adam Anhang.
Para la entrega de Vázquez Rijos, las autoridades federales accedieron a la condición impuesta por el gobierno de España de que se eliminara la exposición de la acusada a la pena de muerte. En cambio, el requisito del gobierno español de que no enfrentara cadena perpetua no se cumplió.
“Una vez el país que recibió la solicitud (de extradición) está listo para entregar a la persona, sus autoridades coordinarán con las autoridades del país solicitante para transferir a la persona que está bajo custodia”, indica el portal de Justicia federal.
EXTRADICIONES A VECES TARDAN “MESES O AÑOS”
Si Herrera Velutini y Rossini no se entregan voluntariamente, el proceso de extradición se podría extender por meses o, incluso, años.
“Dependiendo del país involucrado, tanto la resolución judicial y la decisión ejecutiva de entregar a la persona buscada pudiera estar sujeta a múltiples niveles de apelación”, apunta Justicia en su página de Internet.
“La extradición de personas localizadas en el extranjero puede tomar muchos meses o incluso años en completarse”, añade.
Volviendo al ejemplo del caso de Vázquez Rijos, las autoridades federales no pudieron gestionar su arresto entre el 2008 y el 2012 porque se encontraba Italia, país que no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos.
Al viajar a España, Vázquez Rijos fue arrestada en ese país en el 2013. Sin embargo, no fue entregada a Estados Unidos hasta septiembre de 2015.
Hasta finales de 2014 se extendió el proceso judicial para su extradición, en el que su defensa alegó que enfrentaba una acusación “injusta”, pero la fiscalía recalcó que esos argumentos se discuten durante el juicio en el país que solicita la extradición y el tribunal español estuvo de acuerdo.