Entre los países más críticos de la dictadura en la región sobresalieron Uruguay, Brasil y Chile, que también expresaron su preocupación por la inherencia del chavismo en el sistema judicial
La comunidad internacional condenó en la ONU las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Este viernes, en la 48° sesión ordinaria de Derechos Humanos, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, se debatió sobre la situación en el país caribeño. Los países que intervinieron expresaron su preocupación y repudio al accionar del régimen de Nicolás Maduro.
La mayoría citó el crudo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que concluyó que la justicia chavista facilitó la persecución y tortura a los opositores.
El representante del gobierno de Uruguay expresó su “preocupación por la injerencia (del régimen) en el sistema judicial y por la ausencia de respuestas a las denuncias de violaciones de derechos humanos” en Venezuela, mientras que Brasil dijo que comparte “la inquietud por la falta de independencia de los jueces”.
En tanto, Chile agradeció el informe de la Misión Independiente. “Nuestro gobierno mantiene su preocupación por la violación a los derechos humanos. Nuestro país sostiene que la salida a la crisis debe provenir de los propios venezolanos. Destacamos los acuerdos alcanzados en los diálogos en México”, indicó su representante, al hacer referencia a las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición.
Por su parte, Portugal, en nombre de la Unión Europa, hizo “un llamado al gobierno de Venezuela para que cese con el ataque a los derechos humanos y que colabore. Nos congratula el diálogo”, expresó; al tiempo que citó el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y pidió seguir sus recomendaciones.
Otra nación que condenó fuertemente el accionar del régimen de Maduro en materia de derechos humanos fue el Reino Unido. “La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos destaca las graves violaciones a los derechos humanos”, comenzó su breve intervención. (Cada orador tuvo pocos segundos para exponer). Y agregó: “Hay impunidad. Nos preocupan las muertes de presos políticos. Alentamos a Venezuela a aplicar las recomendaciones del informe de la Misión Internacional. El régimen no se toma en serio sus obligaciones en materia de derechos humanos”, completó.
Georgia, en otro fuerte discurso, condenó el “hostigamiento a periodistas, medios de comunicación y activistas de derechos humanos”.
Del otro lado, el régimen de China no se refirió a los abusos a los derechos humanos, si no que se limitó a criticar las sanciones económicas contra el régimen chavista, mientras que Siria tampoco se refirió a los DDHH y solo dijo que “espera que avancen los diálogos”.
El informe de la misión de la ONU en Venezuela
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó el pasado 16 de septiembre un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En sus conclusiones más sobresalientes, destaca que el Estado (el régimen de Nicolás Maduro) “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.
“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, indicó.
En su segundo informe, la misión detalló “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”, dijo Valiñas en el comunicado.
La Misión indicó que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.
Además efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.
Con la mediación de Noruega, el régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, iniciaron en agosto un proceso de negociación política en México para sacar a Venezuela de la crisis.