Una charla para sensibilizar y educar a un grupo de estudiantes del tercer año de educación básica en un reconocido liceo del municipio San Cristóbal del estado Táchira encendió las alarmas de educadores, profesionales del derecho y miembros de la defensa pública regional sobre los abusos sexuales en la región.
Pedro (nombre ficticio utilizado para protección de la identidad), un adolescente de 15 años, apoyado por sus compañeros de curso, tomó fuerzas y rompió el silencio. Con miedo y llanto, relató a la audiencia que su padre abusaba de él.
El adolescente, quien siempre se mostró distante, callado y amigo de muy pocos, no encajaba en los parámetros sociales del resto de los chicos de su edad. Esto llamó la atención de algunos amigos que fueron ganando su confianza y así lograron enterarse del infierno en el que vivía, con la condición de mantenerlo en secreto hasta aquel día de marzo de 2020.
El caso de Pedro está en manos de la justicia y se suma a las 30 víctimas de trato cruel y abuso sexual que contabilizó desde el mes de enero hasta mediados de abril de 2020, la Delegación Estadal Táchira del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al mando del comisario general, Wilmer Uribe.
El jefe policial señaló en entrevista con Diario La Nación que en menos de una semana en Táchira se han presentado dos casos de connotación, que evidencian acciones de violencia. El primero de ellos, dos niños de 2 y 3 años y una niña de 5 años, en el municipio Capacho Nuevo. Los menores de edad estaban bajo el cuidado del padrastro, un hombre de 26, quien mientras la madre trabajaba en Colombia, propinó tratos crueles y presuntamente abuso de los niños y la niña.
El otro caso corresponde a un bebé de 18 meses, que fue rescatado de su vivienda en el municipio Andrés Bello, en una acción alertada por vecinos ante el llanto y gritos desesperados del niño, que se encontraba en compañía de la madre y el padrastro. Fue golpeado y presuntamente abusado. Ambos ciudadanos fueron detenidos por el CICPC y puestos a la orden de la Fiscalía de Ministerio Público.
Los abusos hacia niños y niñas en edades comprendidas entre 1 a 5 años por parte de padrastros, abuelastros y otros miembros cercanos a su entorno familiar se han intensificado en los últimos meses en la región, detalló el comisario general, Wilmer Uribe”. El 99% de los casos que llegan a la delegación son resueltos, no quedan impunes y el 1% restante tiene orden de captura”.
La fuente policial señaló que las zonas donde se han registrado más casos de abuso y maltrato a niños, niñas y adolescentes, corresponden a barriadas populares y hogares disfuncionales donde falla la presencia del padre, la madre o ambos progenitores. “El entorno familiar sigue siendo el escenario de mayor amenaza para los niños, niñas y adolescentes”.
La venganza por parte del padrastro contra la madre representa un caldo de cultivo para la agresión a los menores de edad. Esto y el ocultamiento del abuso por parte de la progenitora son escenarios recurrentes en este tipo de casos, dijo el jefe de la delegación Táchira del CICPC.
Por otra parte destacó que el individuo que viola no va con un solo niño, siempre va con más.
Se exacerbó el escenario
Con la llegada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, y con ella la cuarentena nacional obligatoria, los casos de abuso y tratos crueles contra niños, niñas y adolescentes han aumentado considerablemente en el estado Táchira, aseguran fuentes policiales e institucionales.
El confinamiento preventivo, sumado al estrés social producido por la situación, ha alterado a muchos padres, que descargan la ira en los más pequeños de la casa.
El pasado viernes 10 de abril, el Instituto Tachirense de la Mujer, (Intamujer) organismo dependiente del gobierno regional, abrió sus cuentas de redes sociales en instagram @intamujer y en faceboock @intamujeroficialm para que la ciudadanía pueda hacer denuncias a través de mensajes directos.
Desde entonces, en un lapso de ocho días, se han recibido 60 denuncias, de las cuales 17 corresponden a violencia contra menores de edad, informó Beatriz Mora, presidente de Intamujer.
La situación de violencia sexual es grave, acentuó la funcionaria. Mora relató que han llegado al instituto casos extremos de abuso en niños, niñas y adolescentes con contaminación de enfermedades de transmisión sexual. “Ocurren en su mismo entorno familiar, con vecinos o amigos”.
Las altas cifras de violencia han llamado la atención del grupo de profesionales que forma parte de Intamujer. Ellos decidieron investigar de dónde provenían y cuál era la situación de las familias en las que se originaban estas acciones violentas.
Los hallazgos de la investigación demuestran que las familias involucradas, en su mayoría, provienen del centro del país y que se han asentado en diversas zonas del Táchira, como Las Mesas de Seboruco, Ureña, San Antonio, Rubio y municipio Torbes. También se han extendido al municipio San Cristóbal, parte de la montaña alta (San José de Bolívar) García de Hevia y Colón.
Las familias con perfiles de violencia se desplazan a la región como parte de la crisis migratoria. Se instalan en improvisados ranchos, habitaciones alquiladas o galpones que convierten en viviendas múltiples, donde conviven 10, 20 y hasta 30 personas, incluyendo niños y adolescentes en hacinamiento y condiciones sanitarias inadecuadas.
En estas circunstancias se expone a niños, niñas y adolescentes para que sean objeto de violencia física y sexual, comentó Beatriz Mora.
Cifras en aumento
Durante el año 2018 se observó un repunte en la violencia infantil. En 2019 llegaron a la institución más casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones. “Algunos de violencia sexual fueron enviados a la Fiscalía del Ministerio Público y CICPC, por ser los organismos a quienes compete la materia, sin desconectarnos totalmente de la situación porque seguimos con el acompañamiento psicológico de la víctima”.
Intamujer lleva una secuencia de casos desde el año 2017 hasta la fecha. Para ese primer año llegaron al organismo solo dos casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. En el 2018, la cifra se incrementó a 20.
En el 2019 las alarmas se encendieron por el registro de entre 20 y 25 casos. En los dos primeros meses de 2020 se han presentado en Intamujer cuatro casos.“Tuvimos una situación fuerte. Se trataba de cinco niños de un mismo entorno familiar, violentados todos por un adolescente de 12 años. Para nosotros fue de impacto y mucha preocupación”.
Venden a sus hijos
Un fenómeno que se está presentando de manera reiterada, desde antes del cierre de la frontera y la cuarentena obligatoria, es la llegada al Táchira de adolescentes entre los 11 y 15 años de edad. Ellas son traídas desde ciudades como Caracas, Aragua y Valencia, también del estado Zulia y del oriente por personas ajenas a su grupo familiar, quienes han sido detenidos en alcabalas de la región o en el puente internacional Simón Bolívar, informó la representante de Intamujer.
“Cuando las niñas han sido rescatadas y quienes las han traído son sometidos a la ley, se conoce que las jovencitas habían sido vendidas a personas en Colombia. Son cautivadas por el dinero que les prometen pagar en pesos y dólares lo que es visto de manera ambiciosa en medio de la situación que vive el país”.
Promotoras de cine, niñeras o trabajos en autolavados son apenas algunos de los oficios con los que se logra convencer a las adolescentes para que viajen a la frontera. “En las entrevistas, las niñas manifiestan que les prometen pagar 100 mil pesos en dos días. En otros casos hemos detectado que les ofrecen entre 600 y 800 dólares. Son redes de trata de personas que no tienen compasión de nadie”.
Las muchachas acceden a venir a la frontera con estas personas ante la difícil situación económica en sus hogares, donde ni siquiera tienen alimentos, detalló la funcionaria del gobierno regional.
Radiografía del delito
Para Jesús Alberto Berro, abogado penalista, ex director de la policía del Táchira y funcionario por más de 10 años de la antigua Policía Técnica Judicial, en el Táchira no solo se están presentando casos de abuso sexual, también abuso de autoridad en cuanto a la sevicia y al maltrato infantil.
De acuerdo con Berro, los niños, niñas y adolescentes son tratados por el derecho como personas vulnerables, susceptibles de ser objeto de violaciones no solo a su integridad sexual, sino daños con consecuencias psicológicas y corporales.
Una de las causas que ha exacerbado la violencia física y sexual en la población más vulnerable y que quizá pasa desapercibido es la diáspora, aseguró el especialista en derecho penal.
Debido a las circunstancias económicas que atraviesan hogares venezolanos, un importante número de padres migra en busca de mejores ingresos económicos y toma la decisión de dejar a los hijos en manos de familiares o personas sin afinidad parental. “Aquí se presenta la oportunidad de abusar sexualmente o excederse en las correcciones disciplinarias y maltratar desde el punto de vista emocional a estos niños”.
Berro alertó que en estos casos se presenta una alta y oscura cifra que no es registrada por tratarse de ser seres vulnerables, indefensos y débiles para dar a conocer a la autoridad la situación y que esta sea castigada.
Por otro lado, las nuevas tecnologías mal empleadas han contribuido a desarrollar redes de pornografía infantil y prostitución. Se habla de una industria trasnacional de delincuencia organizada que pone en práctica estas modalidades para satisfacer a los desviados sexuales, haciendo uso de mercados, advirtió el especialista.
Perfil del agresor
Los agresores sexuales de niños, niñas o adolescentes muestran diversos perfiles de acuerdo al médico, especialista en sexología clínica, Edison Pazmiño.
Algunas personalidades asociadas al abuso sexual o tratos crueles pueden encontrase en:
- Personas con algún tipo de trastorno psiquiátrico: bipolares, esquizofrénicos.
- Individuos sin trastorno psiquiátrico de base pueden protagonizar estos episodios, inducidos por el consumo de sustancias (alcohol/drogas) que generan estados de desinhibición y alucinación.
- Sin trastorno psiquiátrico de base, ni consumidores de sustancias alucinógenas, algunos individuos a través del estímulo infantil generan una activación de su función sexual, conocida como “experiencias pedofílicas”.
- Los pedófilos sadomasoquistas también se encuentran dentro de los agresores. Son quienes someten e infligen dolor a un niño, porque el dolor y la sumisión provocada les producen placer.
De acuerdo con el especialista las experiencias pedofílicas pueden ser repetitivas o aisladas. Se pueden llegar a concretar los bajos instinto o se contienen, porque a los individuos los frenan las repercusiones legales, familiares y creencias religiosas.
- También se definen dentro de este grupo a los llamados “rumiantes”, individuos que albergan deseos o fantasías sexuales con los niños pero no concretan el acto.
- Ganarse la confianza de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo una relación de afecto donde el consentimiento y los juegos son protagonistas para luego llegar a la manipulación, el engaño y la sumisión del menor, forman parte de la trama planificada por el abusador, explicó el médico sexólogo.
El especialista hizo un llamado a padres y representantes a que estén alertas ante los cambios que se van generando en la conducta de los niños, niñas y adolescente. Se debe evitar llegar a la etapa de “silencio-recompensa”, donde la victima ya está en manos del agresor.
Recomendaciones
El comisario general de la Delegación Táchira del CICPC, Wilmer Uribe, adelanta estas investigaciones con funcionarios adscritos a la Brigada de Violencia contra la Familia, a cargo de la inspectora Gladys Cáceres, bajo la dirección del comisario Daniel Méndez, jefe de la delegación municipal San Cristóbal. Ellos enumeran algunas señales de alerta que ponen sobre aviso a la opinión pública para prevenir escenarios de abuso sexual y tratos crueles.
- A los niños se debe enseñar a llamar los órganos genitales por su nombre propio. La vagina, el pene y el ano, no deben tener otros nombres.
- Los órganos sexuales nadie los debe tocar, ni jugando. Si son tocados por otras personas deben comunicarlo a mamá de inmediato.
- Los padres deben generar confianza en los hijos, integrarse en las rutinas diarias. No maltratarlos, ni castigarlos. Esto evita la manipulación por parte de terceras personas.
- Acudir a la Delegación Estatal Táchira/Brigada de Violencia contra la Familia, ante cualquier anomalía o signo de abuso en el hogar.
- No dejar a los niños a tutela de terceros
- Estar atentos a los cambios hormonales, mentales o parafilias en los adultos mayores que convivan con los niños. En algunos casos después de los 60 años estás personas pueden sentir atracción por los niños.
- Los padres biológicos no deben apartarse de los hijos al separarse de la pareja.
- Los adultos no deben dar besos en la boca a los niños.
- Quienes migran del país deben procurar hacerlo con los hijos y no dejarlos al cuidado de terceros.
- Los entornos familiares, fiestas o reuniones en las que los niños son descuidados por sus representantes, incrementan los riesgos de abusos. Las famosas “pijamadas”, donde los padres entregan a sus hijos al cuidado de terceros sin percatarse del daño que les puedan ocasionar, son los lugares propicios para cometer estos delitos.
Pedro, el adolescente de 15 años y los 30 casos más de abuso sexual y tratos crueles que el CICPC ha procesado y llevado ante la justicia, puso frenó al horror que vivían las víctimas. Pero detrás de las amenazas, miedos y complicidad de algunos, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes siguen soportando en silencio las descargas frenéticas y abusivas de los adultos que deberían estarlos protegiendo? No hay certeza de cuántos sea, pero es posible detener la violencia si se denuncia.