Muchos ojos de militares y políticos puestos sobre el hato El Chaparralito, ubicado en un sitio estratégico del fronterizo estado Apure. Hace unos días a más de mil reses de ese hato les colocaron el hierro de la Gobernación. “Me sorprende saber eso, porque le dije personalmente al gobernador Piñate, cuando me visitó, estando yo con casa por cárcel, que el presidente del Circuito, Edwin Blanco, a través del juez Laprea, me estaba solicitando medio millón de dólares para decidir mi caso”.
Así se lo dice Reyes Gabriel Hernández González, El Finquero, dueño de El Chaparralito, en conversación con Infobae, resaltando que “a la casa donde yo estaba detenido llegó a hacer lobby un juez de apellido Méndez Laprea y me pidió medio millón de dólares para poderme entregar el hato y salir en libertad. Después, en una segunda visita, Laprea fue con Edwin Blanco, presidente del Circuito. Les dije que no les podía dar tal cantidad que además no tenía. ‘Entonces vas a quedar pegado y no te voy a entregar el hato’, me dijo Blanco. Yo le comenté a mi esposa que la situación se iba a complicar porque esos tipos tienen las agallas inmensas”.
Asegura que estaba decidido a no entregar esos 500 mil dólares a los dos funcionarios del poder judicial, más aún después de haber estado tres años preso en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas. Cuando sale en libertad, ese mismo día lo vuelven a citar para firmar unos papeles y lo vuelven a detener por un juicio llevado a cabo en Apure, es por eso que finalmente es enviado a casa por cárcel en San Fernando de Apure.
“El juez José Antonio Méndez Laprea me dijo que tenía cuentas bancarias en Estados Unidos y en España; ‘yo manejo todo lo del doctor Edwin y tú me tienes que depositar a mí, puede ser en el Bank of América ¿Nos puedes entregar 100 mil adelante y lo restante después? Para que se te dé la audiencia debes haber depositado por lo menos el 50%’ y el restante 50% cuando estés ya en el hato y vendas el ganado’ me dijo. Mi respuesta es que no podía adquirir un compromiso que no podía cumplir”.
Después de eso Hernández dice que se decidió y “llamo a Eduardo Piñate, quien ya había ganado la Gobernación aunque no había recibido el cargo, y le quiero explicar la situación. El teléfono lo contestó su esposa y me dijo ‘se está bañando pero le doy su mensaje’. Y él me devolvió la llamada diciendo que habláramos personalmente, que le diera la dirección y que al día siguiente a las 9:00 de la mañana estaría en la casa donde estaba preso. Y así fue, incluso nos tomamos una foto juntos, donde él está con el tapaboca y yo con los collares que tuve mientras estaba en la cárcel”.
“Le expliqué a Piñate que el problema en el que me encontraba fue causado por Diosdado Cabello y el hasta ese momento gobernador Ramón Carrizalez, que lo menos que yo quería era problemas, que mi único interés era seguir trabajando. La respuesta del recién electo gobernador Piñate es que él daría una orden ‘para que usted reciba lo suyo y si es inocente usted va sobreseído, así que quédese tranquilo; Carrizalez se ha portado muy mal en este estado, pero yo vine a hacer justicia como me mandó Nicolás Maduro’, me dijo”.
El poder es de Maikel
Edwin Blanco tiene por lo menos seis años siendo el presidente del Circuito Judicial y el Juez Rector del estado Apure, por lo que ha acumulado mucho poder. ¿Quién lo protege? La respuesta la da a Infobae un jurista que no vacila al decir: “El poder de Blanco Lima deriva de la protección que tiene desde hace años del magistrado Maikel José Moreno Pérez; todas las jurisdicciones penal, civil, administrativo, Lopna y agrario, dependen de Blanco, así que imagina el poder acumulado en su máxima expresión”.
Por su parte, Reyes Gabriel Hernández dice que “yo no conocía a Piñate y él llegó a la casa con su mujer, una morenita que ve becerreado. Llegaron en una camioneta Four Runner Toyota blanca, con dos hombres vestidos de civil; bebieron café y hablamos”.
“Recuerdo perfectamente todo, porque la audiencia donde me decretaron el sobreseimiento fue el 10 de diciembre 2021. Laprea había ido el 2 o 3 de diciembre, al día siguiente en la noche fue con Edwin; y Piñate fue el 5 o 6 de ese diciembre”.
“Como lo noté sincero, le dije la verdad: ‘Gobernador, quiero que sepa que Edwin Blanco y Laprea me están pidiendo medio millón de dólares y si no los entrego no me van a dejar en libertad’. La respuesta de Piñate fue: ‘tranquilo que yo voy a hablar con el juez’ y lo hizo. En mi presencia llamó al juez Carlos Jaimes y le dijo: ‘tome la decisión apegado a la Ley, no tenga miedo, porque a Reyes lo están extorsionando y ya estoy manejando la información’. Ante eso el juez le dijo que si era así entonces iba a decidir el caso”.
Confiesa que él fue a la audiencia donde el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez lo absolvió y ordenó que le entregaran el hato El Chaparralito. “Fue cuando el comisario de la DGCIM, El Gavilán (Juan Bautista García Arocha) detiene al juez Jaimes y a mi abogado, el capitán retirado (Ej) Juan Carlos Guillén Rosales”.
En este caso, según El Finquero, está comprometido el más alto poder civil y judicial del estado Apure: el Gobernador Germán Eduardo Piñate Rodríguez; el presidente del Circuito Judicial de Apure y Juez Rector de Apure, Edwin Manuel Blanco Lima; y el Juez tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Apure, José Antonio Méndez Laprea.
Asevera Reyes Hernández que “Edwin Blanco dice que él habló con el Gobernador Piñate y que si no pago el medio millón de dólares no voy a poder ir más nunca al país y me van a expropiar El Chaparralito, sin razón y estando con la figura de incautación preventiva”.
Robo y repartición
“A mil 300 reses del hato El Chaparralito le plasmaron el hierro de la Gobernación que es el mapa del estado Apure, sin que haya mediado venta ni orden, ni nada. El Tribunal citó a Wilmer Rodríguez para que aclarara todo lo que se habían robado del hato, pero el individuo dijo que él no acudiría porque ‘el gobernador ya me dio línea y yo no tengo nada qué hacer en el tribunal’. Eso significa que el Gobernador fue quien mandó a herrar el ganado”, dice El Finquero.
“No me explico esta actuación del Gobernador, porque él me dijo aquella vez en la casa que había llegado a arreglar las cosas en el estado, me pidió confiar en la justicia y en el estado Apure. El juez Carlos Jaimes tomó la decisión, contraviniendo lo que pretendía Edwin Blanco sobre mi caso. Confió en lo dicho por Piñate y lo metieron preso y también a mi abogado”, dijo Reyes Gabriel Hernández González.
Agrega que de su hato El Chaparralito los funcionarios ya se han sacado el 90% del ganado. Asegura que Wilmer Arcángel Rodríguez Véliz, quien es el jefe de la corporación Ganadera Bravos de Apure, que aglutina los hatos de las empresas inglesas, “está usando, las máquinas de mi propiedad, en su finca, llamada hato Gato Gordo, ubicado en Mantecal. Esas máquinas son importantes para el hato de mi propiedad porque deben usarse en la represa que está a punto de ceder. No solo eso, también se llevó los tractores, la nevera, la máquina de hacer hielo, la cocina, todo se lo llevó para su finca”.
“Rodríguez se llevó para su propiedad mil 200 semovientes entre búfalos y vacas paridas. Hace cuatro meses se llevó una lancha nueva de mi propiedad. Se había llevado dos máquinas de oruga, una toyota color gris, el trompo vicson, tres rastras de 36 discos, tres máquinas Jhon Deer con aire acondicionado, equipo de la casa principal: neveras, cocinas, máquinas, televisores, muebles, lavadoras, secadoras, además de lo caballos, ponys y yeguas. Han saqueado El Chaparralito. Incluso hay 6 policías presos por el robo de 28 toros padres”.
“He recibido información de que Ramón carrizales le dio parte de un hato de Agroflora. Y el INTI le asignó una parte a Corona, el alcalde del municipio Muñoz. Ese hato Gato Gordo es una fundación del hato San Pablo de Agroflora; Carrizalez les dio parte de eso al alcalde y otra a Wilmer Rodríguez”, dice Hernández quien finalmente asegura que hay una serie de sonidos de llamadas y mensajes que revelan cómo intentaron extorsionarlo y le han dicho que pague el medio millón de dólares o el juez Carlos Jaimes y su abogado defensor Juan Carlos Guillén Rosales, seguirán presos aun cuando ya deberían estar en libertad.