La reciente liberación de varios presos políticos en Venezuela, luego de la firma del acuerdo entre el Gobierno y un sector de la oposición en Barbados, pone en evidencia la existencia de presos políticos en el país y cómo son utilizados como rehenes o piezas de canje según los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Entre los liberados se encontraban Wilder Ánderson Vásquez Velásquez, quien ya tenía días con la boleta de excarcelación por pena cumplida, y la doctora Mariana Barreto, quien no había estado detenida desde 2019, sino solo unos días en 2023 por un incidente en una estación de combustible.
El informe más reciente de la Misión de Determinación de los Hechos revela la detención arbitraria de al menos 58 personas, así como una política de Estado destinada a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno, evidenciando también casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el caso de la doctora Mariana Barreto Falcón, es importante destacar que ella no fue detenida en 2019, sino que estuvo detenida unos días en junio de 2023 debido a un incidente en una estación de combustible de su familia. Posteriormente, continuó ejerciendo su profesión en una clínica privada y en un hospital.
Es habitual que el régimen venezolano utilice el argumento de la liberación de presos políticos en diversas ocasiones.
En el caso de Wilder Ánderson Vásquez Velásquez, quien fue condenado por encubrimiento relacionado con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ya tenía boleta de excarcelación por pena cumplida desde el viernes pasado. Fue arrestado en octubre de 2018 y condenado a cinco años de prisión. Su liberación no puede considerarse un logro del acuerdo de Barbados, ya que estaba prevista debido al cumplimiento de su condena.
La liberación del periodista y activista Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez, detenido en octubre de 2020 y acusado de lavado de dinero, conspiración, financiamiento al terrorismo y asociación, también demuestra la arbitrariedad de las detenciones en Venezuela. En noviembre de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU determinó que su detención era arbitraria.
El diputado opositor Juan Carlos Requesens Martínez, detenido en agosto de 2018 por criticar la política represiva del Gobierno, fue condenado a 8 años de prisión en agosto de 2022 por su presunta participación en el intento de magnicidio con drones. Actualmente cumplía arresto domiciliario.
Marco Antonio Garcés Carapaica, un joven estudiante de ingeniería, fue detenido en septiembre de 2020 junto a un guardia nacional y un ciudadano estadounidense. Fue acusado de planificar ataques contra la industria petrolera y el sistema eléctrico venezolano. Pasó más de tres años en prisión y fue sometido a torturas durante su proceso judicial.
Eurinel Alexandra Rincón Coronado, una secretaria del Ministerio de Defensa, fue detenida en junio de 2021 por supuesta traición a la patria, asociación para delinquir y fuga de información, luego de trasladar a una persona a un acto de la oposición. Pasó más de dos años en prisión antes de ser liberada.
Es importante resaltar que la liberación de estos presos políticos no debe atribuirse únicamente al acuerdo de Barbados, ya que algunos de ellos ya tenían prevista su excarcelación por pena cumplida. Estos casos evidencian las violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías procesales en el sistema judicial venezolano.