“La Justicia está de rodillas frente a Miraflores y La Habana”: Machado puede enfrentar cárcel de 8 a 16 años

DolarToday / Dec 4, 2014 @ 11:00 am

“La Justicia está de rodillas frente a Miraflores y La Habana”: Machado puede enfrentar cárcel de 8 a 16 años

Casi tres horas duró el temor de ciudadanos y dirigentes políticos de que María Corina Machado quedara presa ayer, mientras la acompañaban al Ministerio Público a la citación como imputada por un presunto plan de magnicidio. Entró a ese organismo a las 10:00 de la mañana y salió a las 12:40 del mediodía, justo cuando empezó a llover, y con la lluvia llegó la noticia que reavivó el miedo: la Fiscalía la acusa de conspiración y podría pasar entre 8 y 16 años en la cárcel si se comprueba el hecho, reseña El Nacional

La audiencia de imputación se realizó en la Fiscalía 20ª, a cargo de la fiscal Katherine Harrington. El Ministerio Público alegó el delito de conspiración, establecido en el artículo 132 del Código Penal: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación”.

En la misma pena “incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela”.

El delito contempla la difamación al presidente, pero no la intención de asesinarlo. La Fiscalía afirma en sus comunicados que la investigación es por un supuesto plan de magnicidio, pero el abogado de la dirigente, Tomás Arias, aseguró que “no se ha hablado para nada de magnicidio” ni en la audiencia de ayer ni cuando Machado declaró como testigo.

Machado estuvo acompañada por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba; el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma; el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y diputados como Carlos Berrizbeitia, Eduardo Gómez Sigala, Roberto Enríquez y Richard Blanco. La mayoría se fue antes de que la dirigente saliera.

Al salir, Machado no reveló detalles del proceso porque “el expediente es reservado”, pero aseguró que todas las pruebas en su contra son falsas. Dijo que la persecución en su contra evidencia que se acerca una transición pacífica y que el gobierno se siente derrotado.

“El régimen cree que con estos ataques va a asustar a los estudiantes, sindicalistas y dirigentes políticos, pero no podemos tener miedo. Yo no me entrego, enfrento la infamia y reafirmo mi carácter de ciudadana responsable que defiende sus derechos y sus deberes enfrentando la mentira con la verdad”, expresó.

Exigencias. El abogado de Machado, Tomás Arias, aclaró que no saben la fecha cuando se realizará la audiencia de presentación. En esa audiencia se decidirá si la dirigente, que tiene prohibido salir del país, será juzgada en libertad.

La defensa, compuesta por Arias y su colega Jesús Loreto, pidió lo siguiente: la prueba ultramarina de informes a la empresa Google Inc. para “constatar la falsedad de los correos sobre los cuales se sustenta la imputación”; que se designe a tres expertos informáticos independientes, no adscritos al Ejecutivo, para evaluar las pruebas; que se cite a Jorge Rodríguez y a Ernesto Villegas para aclarar ante la Fiscalía cómo tuvieron acceso a los documentos que divulgaron, y que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz establezca si Rodríguez y Villegas han sido designados autoridades o agentes de algún organismo de investigación penal.

La defensa también pidió que se recaben dispositivos electrónicos de Rodríguez y Villegas para determinar si hay rastros de edición, manipulación e intercepción de documentos que forman parte del expediente.

La semana pasada el diputado Walter Márquez denunció que la fiscal Katherine Harrington, que lleva la causa contra Machado, ha sido asignada a varios casos en los que el Ministerio Público ha criminalizado a los adversarios del gobierno, como el allanamiento a la médico Ana María Abreu, cuñada de Rocío San Miguel; el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, y la persecución contra Diego Arria, Gustavo Tarre Briceño y Henrique Salas Römer (misma investigación de Machado). También ordenó la ocupación de un hotel del empresario Parsifal D’ Sola y lleva el caso de Lorent Gómez Saleh.

 

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