El miércoles, el Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso presentado por Venezuela contra las sanciones impuestas por la UE en 2017. Estas sanciones fueron impuestas debido a la crisis política y las violaciones de derechos humanos en el país. El tribunal dictaminó que Venezuela no tiene derecho a que el Consejo de la UE escuche sus argumentos antes de imponer las sanciones, ya que esto socavaría el objetivo de presionar al país para que cambie su comportamiento.
Las sanciones en cuestión prohíben la exportación a Venezuela de equipos que podrían utilizarse para la represión interna y servicios relacionados con equipos militares. Dado que estas sanciones son de carácter general y no afectan a individuos específicos, el tribunal determinó que Venezuela no tiene derecho a que el Consejo escuche sus argumentos de manera previa.
El tribunal también señaló que el Consejo de la UE proporcionó una amplia justificación para la adopción de las sanciones y que, en el momento de su aprobación, había pruebas suficientes de actos de violencia, uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos humanos y menoscabo de la democracia en Venezuela. Además, el tribunal desestimó el argumento de que el Consejo de la UE necesitaba el consentimiento previo de la ONU para imponer las sanciones, ya que Venezuela no pudo demostrar la existencia de una práctica legalmente aceptada que exigiera tal autorización.
El tribunal también rechazó los argumentos de Venezuela de que las sanciones violaban los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y que eran medidas extraterritoriales. Según el tribunal, estas medidas se refieren a personas y situaciones bajo la jurisdicción de los Estados miembros de la UE.
Esta es la segunda vez que el Tribunal General de la Unión Europea se pronuncia sobre este recurso. En 2019, el tribunal desestimó el caso, pero Venezuela apeló ante el Tribunal de Justicia de la UE, que devolvió el caso al Tribunal General para que reconsiderara su posición sobre el fondo del asunto.