El trágico feminicidio de una joven de 20 años en Paraguay ha vuelto a poner en relieve la problemática de la violencia de género en el país. Hasta ahora, 25 mujeres han perdido la vida en lo que va de año y 26 niños se han quedado sin madre como resultado de esta violencia.
El caso de Katia Montserrat Brítez ha captado la atención de los medios locales, que informaron sobre el brutal ataque que sufrió cuando regresaba a su casa en la ciudad de Lambaré, cerca de la capital, Asunción. Brítez sufrió múltiples fracturas y falleció horas después en un centro de atención médica. La opinión pública quedó conmocionada al ver las imágenes del ataque y conocer los hechos que llevaron a este triste desenlace.
El presunto agresor, identificado como Osvaldo Zaracho, había sido puesto bajo detención domiciliaria y se le había impuesto una orden de restricción debido a una denuncia presentada por Brítez en febrero pasado. Sin embargo, esto no impidió que cometiera el feminicidio.
«Desafortunadamente, todos estamos impactados por lo que hemos presenciado», dijo el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien incluyó este tema en la agenda de su primer consejo de ministros desde que asumió el cargo en agosto.
Según el Observatorio del Ministerio Público, en lo que va de año se han registrado 25 feminicidios en el país. Las víctimas tenían entre 12 y 69 años, y 16 de ellas eran madres, dejando a 26 niños huérfanos como resultado de estos crímenes. En cuanto a la relación del agresor con la víctima, 14 eran parejas de las fallecidas, 5 eran conocidos, 5 eran ex parejas, 3 eran novios, 1 era esposo y 1 era padrastro.
Además, se han denunciado las barreras que enfrentan las víctimas de violencia de género en el país. Mirta Moragas, de la organización Consultorio Jurídico Feminista, calificó el caso de Katia como una «crónica de una muerte anunciada» y criticó la falta de medidas de protección adecuadas por parte del Estado. Moragas señaló que Katia hizo todo lo que el Estado le indicó que hiciera en caso de violencia, pero el sistema de protección falló.
Un informe elaborado por el Consultorio Jurídico Feminista, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay reveló que varios Juzgados de Paz exigen a las víctimas acudir a la policía antes de presentar una denuncia de violencia, lo cual va en contra de la ley. También se señaló que, aunque la duración de las medidas de protección no está establecida en la norma, en la práctica los Juzgados de Paz otorgan automáticamente 90 días y consideran que luego de ese plazo vencen.
El informe también destacó otras barreras, como los horarios de atención de los juzgados, la necesidad de contar con un abogado y presentar un documento de identidad para presentar una denuncia.
Este trágico caso y las denuncias de barreras en el sistema de protección ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir y combatir la violencia de género en Paraguay.