Hasta por producir basura se pulverizan los ingresos en Venezuela. El servicio de aseo urbano se convirtió en una renta que supera con creces lo que un trabajador devenga mensualmente y se lleva una parte significativa de lo que un comerciante puede producir con sus ventas, si se toma en cuenta que la nación lleva tres años en hiperinflación y siete en recesión. La pandemia por el coronavirus paralizó al país, pero no la subida desenfrenada de la factura de aseo urbano, sobre todo en municipios como Chacao, Baruta y El Hatillo del estado Miranda, donde es la empresa Fospuca la que hace el trabajo.
Para Carla Alvarenga, directora de una empresa de consultoría y comunicación en el centro comercial Paseo Las Mercedes en Baruta, las tarifas del servicio de aseo urbano son «una locura» que se desató en momentos de pandemia, cuando «el servicio no se usaba tanto como para cobrar esas tarifas».
Cuenta que cuando llegaron los primeros recibos en febrero pasado con unos montos que califica de exagerados, estos correspondían a cobros por el servicio utilizado en octubre, noviembre y diciembre del 2019, además de enero y febrero de 2020. Para ese momento, a su pequeño local de unos 125 metros cuadrados, le tocaba pagar 250 dólares por la recolecta de la basura.
Alvarenga revela que a finales de ese mes, tras una reunión entre administradores de varios centros comerciales y de condominios en la zona, se dio una concesión en la que se estableció la reducción del 50% de la tarifa inicial, siempre y cuando se mantuviese en dólares y fuese pagado en una cuenta extranjera. Sin embargo, tras el anuncio surgió la inquietud de cómo se iba a pagar en una cuenta extranjera si no todos tenían una, pero las negociaciones al respecto posteriormente se paralizaron debido a la cuarentena por el coronavirus.
«Se hablaba de que habría un bloqueo de los impuestos municipales, del Semat (Servicio Municipal de Administración Tributaria). Todas las personas que debían honrar compromisos con el ayuntamiento iban a ser bloqueadas por la alcaldía si no estaban solventes con el pago al servicio de aseo urbano», dijo.
Alvarenga, quien maneja una empresa de asesoría comunicacional, recuerda que además de las altas sumas de dinero que debía pagar por su oficina, adicionalmente le correspondía hacer el pago al condominio por las áreas comunes y también el servicio de aseo urbano del centro comercial. Es por ello que terminó el año 2020 a la espera de que le rebajaran la deuda o, en el mejor de los casos, al menos hagan un refinanciamiento.
Las altas tarifas que cobra Fospuca surgen luego de que esta concesionaria estableciera sus cálculos en petros, la criptomoneda creada por la administración de Nicolás Maduro y que fluctúa según la cotización diaria del dólar que publica el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, las indagaciones para este reportaje revelan que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre esta materia.
Pero hay más. Su cálculo se basa en la extensión del espacio que ocupa el negocio y no de los desechos que genera, esto gracias a las normas establecidas por las alcaldías. Por lo que todo parece indicar que empresa y gobiernos municipales se combinaron para hacer del servicio de recolección de desechos que presta Fospuca como el más costoso de Venezuela y perfilándose como uno de los más caros del mundo.
A través de su página web, Fospuca es descrita como una organización conformada por ocho empresas privadas de saneamiento ambiental, especializada en brindar servicios de limpieza urbana, barrido manual, lavado de áreas públicas, recolección y traslado de desechos sólidos, urbanos y domiciliarios en distintas ciudades del país.
Según su portal, el equipo con más de 37 años de experiencia y poco más de 1.200 trabajadores está «ganado a contribuir con el desarrollo y el equilibrio ambiental», de las municipalidades donde presta servicio. En la práctica pareciera que lograr ese propósito significa descapitalizar no solo a trabajadores del sector comercial sino también a residentes.
Quienes denuncian que las tarifas del servicio de aseo urbano que presta Fospuca son exageradas, indiferentemente sean personas del sector comercial o domiciliario, coinciden en que el tema se ha convertido «en una crueldad en la que se les asfixia sin importar la crisis económica que sufre la nación» y los efectos que ha dejado la pandemia por el coronavirus.
Mientras Carla Alvarenga ha pasado el año esperando consideraciones a su deuda, Susana Sosa lo ha hecho endeudándose con familiares y amigos cercanos para pagar el servicio a Fospuca. La mujer de 57 años vive con su esposo de 60 en Altamira, en el municipio Chacao. Comenta que ambos se sostienen con algunos bonos, la pensión y uno que otro trabajo extra que les pueda salir. Sus ingresos no dan como para cubrir sus gastos esenciales de alimentación y hacer frente a los montos que desde comienzos de 2020 llegan en la factura de su domicilio.
Por si fuera poco, entre todos sus vecinos, Sosa es la que más paga. Cuenta que desde inicios del 2020 se le cobra doble la factura y aunque ha denunciado el error a la alcaldía y en la propia empresa, «no le han resuelto nada». A su juicio, las tarifas son abusivas y desproporcionadas a la realidad que vive una familia en un país en el que hasta alimentarse cuesta un ojo de la cara.
En tanto, encargados de oficinas en el centro comercial Centro Plaza, en Altamira, detallaron a TalCual que las tarifas han llegado hasta a $200 al mes. Precisan, evitando identificar su compañía, que las oficinas son de las que tienen menor metraje en el recinto.
La situación con el servicio se ha vuelto tan crítica que algunos comerciantes han decidido buscar alternativas poco usuales para la recolecta de la basura.
El pasado 14 de enero funcionarios de la Policía de Chacao detuvieron al conductor y al ayudante de un camión de recolección de basura en Parque Cristal, el cual pertenece a la empresa Supra Caracas de la Alcaldía de Caracas. Los detenidos fueron identificados como Ángel Amaya y José Azuaje.
Se pudo conocer que Rafael Forero y Maikol Torrealba, gerente de operaciones y jefe de seguridad del centro comercial, habrían contratado los servicios particulares de los recolectores para la basura. De acuerdo al periodista Javier Ignacio Mayorca, los representantes de Parque Cristal argumentaron que desde hace ocho meses no recibían el servicio de Fospuca.
«No desangran a nadie»
El 27 de noviembre, Fospuca entregó 16 nuevas unidades de servicio para el trabajo en el municipio Baruta. En un acto celebrado en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, la compañía dio al ayuntamiento nueve compactadoras de 25 yardas, dos camiones minimatics, dos camionetas de supervisión y dos compactadoras de 20 yardas.
El encuentro prácticamente tomó toda la plaza en una celebración a la que asistió la presidenta del Concejo Municipal de Baruta, Georgette Topalián; el director de la Alcaldía de Baruta, Luis Aguilar; el exalcalde de Baruta, Gerardo Blyde; el alcalde de Chacao, Gustavo Duque y; el presidente del Concejo Municipal de Chacao, Máximo Sánchez; entre otros.
En el evento también se presentó la nueva imagen de la empresa y se otorgaron reconocimiento a los trabajadores con más de 15 años de trayectoria. La celebración incluyó la exposición de las unidades que se entregaban, puesto de perros calientes, un grupo musical en vivo y con la presencia de medios de comunicación; además de la promesa del presidente de Fospuca, José Simón Elarba de que la inversión de más de 3 millones de dólares no se traduciría en nuevos ajustes en las tarifas.
También afirmó que estos costos «no desangraban a nadie». Atribuyó el problema, en ese entonces, a que la población no estaba acostumbrada a pagar los servicios públicos. El abogado señaló que cuando se analizaban los montos cualquier persona se da cuenta de que son realmente irrisorios, comparado con las inversiones.
Fospuca, según su portal web, está comprometida con el saneamiento ambiental de distintos sectores que conforman el Área Metropolitana de Caracas, entre ellas el municipio Chacao. En esta zona ofrece servicio integral de aseo urbano a cerca de 120.000 habitantes, a través de un plan de recolección de desechos sólidos que garantiza la limpieza de calles, avenidas, zonas residenciales y comerciales de esta jurisdicción. Se encarga del retiro y traslado hasta su destino final de aproximadamente 27 mil toneladas métricas de residuos urbanos al año.
En Baruta asegura recoger un aproximado de 100.000 toneladas métricas anuales de residuos sólidos en los 85 kilómetros cuadrados. En El Hatillo recogen en los 81 kilómetros cuadrados unas 20.000 toneladas de residuos anuales.
La compañía es presidida por José Simón Elarba Haddad, abogado, exdirectivo del diario El Nacional, socio de la firma Gadea & Lesseur & Asociados, que abarca derecho corporativo, mercantil, laboral, relaciones internacionales, civil, negocios, familia, penal e inquilinario; en la que también figuran su esposa Aitza Mello, el exalcalde de Baruta Gerardo Blyde, Alfredo Altuve Gadea, Ernesto Lesseur Rincón, entre otros.
Ostentó el cargo de presidente de Industrias Manufactureras Colchotex C.A., y aparece como importador de productos provenientes de Francia. Fue abogado de Inverunión Banco Comercial, entidad financiera intervenida el 18 de enero de 2010 junto a Banco Del Sol, Banco de Desarrollo C.A. y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.
Elarba Haddad compró Fospuca Internacional C.A. en diciembre de 2014, cinco meses después de recibir una transferencia de un poco más de 1,4 millones de dólares desde una jurisdicción indeterminada y por orden de una empresa sin rastros. En junio de 2015, registró Fospuca Servicios de Ciudad C.A. y en enero de 2016 Inversiones Fospuca Baruta. Todas estas empresas prestaron servicios al Estado, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratistas.
En la investigación En la Basura Hay Millones del portal Armando.info, el abogado quedó mencionado en un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) recibido por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. El documento pone a la luz transacciones y origen de fondos «sin propósito comercial o legal aparente», indicó el medio especializados en reportajes investigativos.
Elarba dijo en diciembre de 2020 a Armando.info que la transferencia registrada en el SAR corresponde al pago de honorarios por servicios jurídicos. Aseguró que el cliente le pidió confidencialidad y que, por lo tanto, no hablaría sobre él.
«Me pareció interesante meterme en ese negocio que tenía una cartera de clientes interesantes, faltaba ponerle amor al negocio. En diciembre de 2014 yo compro Fospuca Internacional, dijo al medio sobre la compra de Fospuca
El abogado estuvo en el proceso judicial por el que además fue juzgado el director-fundador de TalCual, Teodoro Petkoff, luego de que el medio de comunicación replicara en sus páginas una información que apareció en el diario español ABC donde un exguardaespaldas de Diosdado Cabello decía que éste tenía relaciones con el narcotráfico. Por esa información también fueron procesados otros directivos de El Nacional y el portal La Patilla.
Tiempo después, el juez La Rosa Álvarez retiró a Elarba la medida de presentación ante el tribunal porque alegó tener problemas de salud. Aunque en ese entonces no constaba en el expediente que para recibir tal beneficio haya tenido que pasar por una revisión médica. Ha sido, además, vinculado con Erick Malpica Flores, sobrino preferido de Cilia Flores, según un reportaje publicado en el portal ArmandoInfo.
Elarba: Bendición maravillosa
Desde su oficina ubicada en Las Mercedes, al este de Caracas, el abogado aseguró a TalCual que en el caso de las tarifas de aseo urbano, el petro es una «bendición maravillosa» por cuanto su costo lo maneja un árbitro externo. Su empresa cobra en petro pero el valor lo da el BCV. Niega haberse reunido con autoridades para pedir alguna autorización sobre anclar las tarifas a la moneda virtual.
Detalló que anteriormente los concejos municipales autorizaban aumentos de hasta 12.000% de las tarifas y al final del día se convertían en sal y agua.
Afirmó además que las tarifas no han subido desde diciembre de 2019, sino que lo que ha cambiado es «la multiplicación de los bolívares». A su juicio, donde las tarifas pueden incidir de forma más significativa es en el sector residencial, pues aunque reitera que son muy bajas a la gente le pega debido a la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo.
Expuso que en el municipio Chacao las tarifas oscilan entre los 0,10 centavos de dólar hasta los 22 dólares. De acuerdo a lo expuesto por Elarba a TalCual, el promedio en esta localidad es de 6 dólares y cuando esto se divide por 30 días y dos veces al día, la gente podría darse cuenta que el servicio está lejos de ser costoso. El mayor problema que rebaten quienes han manifestado sentirse afectados por las tarifas es que el sueldo no les da para costearlas.
«Entre tener un municipio con basura o uno limpio, aunque haya que hacer un esfuerzo para cumplir con el pago, la gente prefiere tener uno limpio. Nosotros no tenemos una morosidad importante, tenemos, pero no que haga trastabillar al negocio», agregó.
El presidente de Fospuca dice que se han encontrado con casos de «vivos» que no quieren pagar el servicio, no obstante celebra que la mayoría sí lo cancela. Atribuye la polémica que se ha generado en torno a las tarifas del servicio de aseo urbano al hecho de que Venezuela es una nación en la que la ciudadanía está acostumbrada a pagar poco por los servicios y cuando se comienzan a cobrar a precio real produce un choque.
Por otra parte, expone que desde hace 35 años los concejos municipales establecieron que el mecanismo para el cálculo iba a ser ‘tamaño del local multiplicado por la actividad económica’, es decir, cada una de las actividades económicas que existen tienen una discriminación y un monto específico.
De acuerdo a lo que argumentó Elarba, son las autoridades las que llaman a un proceso de licitación, en ella invitan a las empresas a un procedimiento de postulación. Las compañías se presentan y hacen su oferta de costos en la que se expresó en ese momento en bolívares, y una vez que se toman en cuenta las consideraciones, las autoridades municipales asignan. Así, Fospuca obtuvo la concesión en tres de los cinco municipios del área metropolitana de Caracas.
«En Chacao fuimos los únicos que tenía una flota de camiones», acotó. Por otro lado, afirmó que la gente aún no entiende que el negocio de la basura no es como el de una constructora, por ejemplo, en el que el Estado financia parte. En este caso, dijo que de su dinero debe comprar camiones, designar personal y después de un mes es que se emiten las facturas y que luego «salen a perseguir a las personas para que paguen».
«Es difícil pensar que hay hechos de corrupción cuando la inversión es propia. Yo no dependo del ingreso del Estado, no es que vendo los camiones y el Estado los paga, yo tengo que hacer la inversión. Por eso es que el negocio no es para todo el mundo. No es que voy a agarrar una coima porque lo normal en esos casos es que el país ponga la plata y la persona se la robe, no al revés», manifestó.
Elarba indicó que ha suspendido el servicio a clientes y que a otros los han demandado para embargarlos. No se extiende sobre esto.
Sobre sí han explicado a la ciudadanía cómo funciona el servicio dijo que la empresa ha ido a todos lados. En todo caso, aseguró que la sociedad puede buscar información en la alcaldía. Pero, de acuerdo a lo señalado por las comunidades, les han negado los pliegos.
A lo anterior apuntó que las autoridades no los muestran porque hasta ahora la gente lo ha solicitado a través de los medios de comunicación y que nadie ha ido directamente a los municipios.
Considera que hay un grupo de gente que ha tratado de lucrarse con el tema de Fospuca y que hay abogados que se han puesto a hacer análisis y luego le piden a la gente dinero por asesoría del caso; otros, comenta, lo harían por «pantallar» así como por participar en procesos electorales y llamar la atención.
«La verdad es que ninguno ha tenido argumentación valida. Dos personas nos demandaron y perdieron en los tribunales, porque qué justificación puede tener alguien para decirle a la gente que no pague la basura», se preguntó.
Aseveró que quien protesta no termina de dar el paso al frente y actúan desde el anonimato, «como lo hacen todos los cobardes».
Entre la basura y la polémica
En Chacao, vecinos y comerciantes mantuvieron una reunión con la cámara municipal en marzo pasado para hablar sobre el alza de las tarifas. En el encuentro se entregó un documento en rechazo al alto cobro del aseo urbano. Los comerciantes en ese entonces se negaban a cancelar la factura con esos montos tan elevados. Al mismo tiempo, exigieron exponer públicamente el procedimiento para el cálculo de las tarifas.
Posteriormente cerca de mil comerciantes y residentes de este municipio crearon el Comité de Afectados por las Tarifas de Aseo Urbano, en rechazo a la fórmula de cálculo que se impuso para cobrar el servicio y que se consideraba violaba las disposiciones legales establecidas en la Ley de Gestión Integral de la Basura.
Entre julio y agosto, Álvaro Sánchez, quien dirigía el comité, afirmó que ante la inacción de las autoridades los comerciantes decidieron no pagar el aseo urbano, y, en represalia fueron bloqueados los accesos en línea de la Dirección de Administración Tributaria, se les impidió pagar los impuestos municipales como el ISAE y el de inmuebles urbanos. Además, se ordenaron cierres a locales.
Sánchez argumentó, en ese entonces que la forma en la que se calculó el cobro de las tarifas de aseo en Chacao dejaba un peso importante en el sector comercial que superaba 70% de la factura global del servicio. Según Sánchez, esto violaba la Ley de Gestión Integral de la Basura debido a que la fórmula se basó en los metros cuadrados de cada local, por la actividad económica y por la zona del municipio en el que se encuentra, sin considerar la cantidad y el peso de los desechos.
Álvaro Sánchez fue apresado en agosto de 2020 por supuesta incitación al odio. El 13 de ese mes publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, capturas de pantalla, en las cuales mostró unos chats de Whatsapp donde se solicitaba un mejor servicio en la recolección de basura en el municipio.
Luego en noviembre Sánchez habría sido trasladado a Yare. Vecinos de Chacao aseveraron en ese momento que la detención se trataba de una «conspiración» orquestada desde la alcaldía del municipio, al oponerse a las políticas relacionadas al tema del aseo urbano.
El alcalde Gustavo Duque tildó de absurdos los señalamientos e hizo un llamado a habitantes de no hacerse eco de acusaciones de ese tipo cuando la verdad es otra.
«Muchos allegados de Sánchez acusan a la alcaldía de estar detrás de una conspiración y de ser responsable de la detención de Sánchez. La detención la hizo el Cicpc y tiene averiguaciones abiertas. En ningún momento tuvimos participación en ese procedimiento y nos enteramos de la noticia cuando ya estaba detenido», dijo la autoridad local.
Según reseñó Hispanopost, hay una investigación contra Álvaro Sánchez por presunta corrupción. También es señalado de extorsionar a comerciantes del municipio. Tenía cuentas de Twitter y WhatsApp donde presuntamente arengaba contra empresas y personas. Cabe destacar que días antes de ser arrestado el dirigente vecinal alertó a la ciudadanía de personas que pedían dinero en su nombre.
Ojo pelao a Fospuca
Para el momento de la publicación de este reportaje, la plataforma Baruta en Movimiento organizó la recolección de firmas de ciudadanos del municipio para exigir al alcalde Darwin González, cesar el cobro del servicio hasta que se revise la ordenanza que regula este tema.
En Baruta la incomodidad por el cobro de montos elevados de las tarifas de aseo urbano no es diferente al de Chacao, e incluso en el municipio Iribarren, estado Lara, donde la empresa propiedad de Simón Elarba también presta servicio. Las inquietudes están a simple vista. No solo puertas adentro de un comercio o domicilio sino también en redes sociales.
Isabel Haddad, habitante del municipio Baruta, explica que desde 2019 notó el aumento excesivo en las tarifas de aseo urbano. Afirma que hoy puede hacer una comparación porque tiene más de una propiedad. Es propietaria de un apartamento, una casa y dentro de ella un anexo. Logró que al último le exoneraran el cobro del servicio de aseo por estar en una misma casa.
Apunta que mientras en la casa grande paga tarifas de hasta 8 millones de bolívares, en la pequeña donde solo llega el recibo de luz no paga ni 100 mil bolívares.
En entrevista a TalCual, trabajadores de una panadería en Baruta detallaron que en octubre pagaron Bs. 120 millones, es decir 2,23 petros, y al mes siguiente debían cancelar Bs. 280 millones, lo que equivale a unos 5,21 petros. La diferencia en la moneda virtual distorsiona lo que hasta ahora tanto autoridades del municipio como de Fospuca han dicho de que el monto en la criptomoneda no debería cambiar.
Las inquietudes surgían cada vez más en las redes sociales. José Alfonzo Soto tilda de implacables las tarifas; Emilio Vásquez las califica de bárbaras; y Julio César Hernández pidió al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez ponerle «ojo pelado» a las tarifas de la compañía y a la gestión del alcalde Darwin González.
«Alcalde, el servicio de Fospuca es bueno, pero muy caro ya que las tarifas de aseo que aprobó el consejo municipal son en petros; cuando este aumenta, como ha ocurrido este año, también el precio del servicio. Mas de 500% en el año 2020. Favor reconsiderar». Con este comentario Raúl Briceño respondió a una publicación de la autoridad municipal a través de su cuenta en Twitter el 27 de noviembre.
«Usted decide cómo pagar»
Sobre lo costosas de las tarifas, Fospuca informó a través de sus redes sociales que estas son las mismas desde diciembre de 2019, momento en que se fijaron «para dar cumplimiento al decreto 4.025 del Ejecutivo nacional de fecha 19 de noviembre de ese mismo año sobre la obligatoriedad del registro de información y hechos económicos expresados en criptoactivos soberanos su factura se expresará en petros, dólares y bolívares».
En el decreto se instruye a personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, la obligatoriedad del registro de información y hechos económicos expresados contablemente en petro, sin perjuicios de su registro en bolívares. En la página del Ministerio de Finanzas se precisa que la normativa aprobada por Maduro regula el registro contable en criptoactivos, es decir, solo establece que la contabilidad se debe llevar en petros, no que el cobro de los servicios se haga en la moneda virtual que impulsa el gobierno.
Roberto Hung, abogado especialista en derecho procesal constitucional, rebate la interpretación que se dio al decreto 4.025. A su juicio, el petro es una falacia que no funciona técnica, económica ni judicialmente.
Al interpretarse el decreto pareciera que la Ley Integral de Gestión de la Basura se pasó por alto. Hung es claro en afirmar que la tarifa del servicio de aseo urbano se fija según la naturaleza del desecho. Explica que no es lo mismo un local de mil metros cuadrados, que, por ejemplo, produzca clavos a uno de 30 metros cuadrados dedicado a la venta de comida, o un laboratorio médico, donde la basura se produce en grandes cantidades, e incluso son residuos que merecen ser tratados de forma diferente.
«Si usted trabaja con papel, pero no lo bota sino que lo decide vender y al final no bota basura no tiene que pagar nada. Si el restaurant tiene que botar basura tiene que pagar. Es lo que dice la ley, es lo que el cuerpo normativo jurídico ordena que debe hacerse y punto», añade.
El artículo 76 de la Ley Integral de Gestión de la Basura establece que el régimen económico estará conformado por las tarifas y tasas que se cobren por la prestación del servicio de manejo integral de residuos y desechos sólidos; así como los subsidios, donaciones y demás recursos materiales, económicos y financieros aportados por los órganos y entes de la administración pública en todos sus niveles y cualquier otro que ingrese por concepto de manejo especial de residuos y desechos sólidos.
Sobre el mencionado artículo, Hung señala que en medio de la vorágine de denuncias por el caso Fospuca que hay en los municipios donde presta servicio la compañía, la responsabilidad es de los concejos municipales «que parecen no entender cuál es su función contralora».
El artículo 77 de la mencionada ley establece que la prestación de los servicios de manejo integral de residuos y desechos sólidos, realizada en forma directa o delegada por las autoridades competentes, tendrá como contrapartida obligatoria el pago de la tasa que corresponda, en función de las tarifas vigentes para el tipo, característica y cuantía de los residuos y desechos cuya operación involucre. En el se precisa que quienes generen residuos y desechos sólidos que requieran un servicio de manejo especial, deberán pagar adicionalmente la tasa fijada para el servicio requerido.
Sobre esto el también profesor de derecho constitucional subraya: «La ley es la ley y contra ella no hay petro que valga».
Agente del Estado
Representantes de las asociaciones de vecinos, consejos comunales, asociaciones de comerciantes, administradores de inmuebles comerciales y oficinas enviaron una comunicación al concejo municipal de Chacao y al alcalde Gustavo Duque, en la que lo instaron a atender las inquietudes e incomodidades generadas por el cobro de las exageradas tarifas que se establecieron con su anuencia.
A través de un carta con fecha de 11 de septiembre de 2020, los firmantes aseveraron a las autoridades del municipio que el problema que les acosaba son directamente las exorbitantes, desproporcionadas e irregulares tasas o tarifas cobradas por la empresa prestadora del servicio de basura.
«En diciembre de 2019 el Concejo Municipal aprueba un nuevo acuerdo de tarifas, plasmado en las tablas publicadas el cual desnaturaliza las consideraciones que llevaron a la creación de los factores de distribución y asigna arbitrariamente unos nuevos sin razonamiento alguno, y además introduce factores de indexación ajustado al petro, también calculados arbitrariamente», se lee en el texto.
En ese momento los denunciantes aseveraron desconocer si se cumplió realmente el proceso de presentación y análisis del presupuesto, ni cuáles criterios produjeron el cambio de categorías de urbanizaciones y por qué los aumentos son porcentualmente más altos en unos lugares que en otros.
La Asociación de Residentes de las Urbanizaciones Altamira y la Castellana (Arauca) envió cartas a las autoridades de Chacao el pasado 10 de junio. Denunciaron en ella falta de justicia en el cálculo de las tarifas, falta de consulta a la comunidad organizada, pago de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en un servicio público, ajustes por zona y la sanción de no emitir solvencias por el incumplimiento en el pago de un servicio y no de un impuesto. También denunciaron que la contratista habría suspendido el servicio por el incumplimiento de pago, lo que violaría el ordenamiento jurídico.
El 23 de junio, el Concejo Municipal de Chacao respondió a las denuncias que Arauca expuso en la carta. El organismo recalcó que el régimen tarifario siempre ha sido más beneficioso para los sectores populares que para las poblaciones con mayores ingresos. En Venezuela la crisis inflacionaria ha afectado a todos los estratos sociales, en tanto que el salario mínimo mensual de un trabajador es menos de dos dólares. A un profesor que viva en alguna de estas zonas menos vulnerables, se le haría cuesta arriba cubrir con estas tarifas.
Con respecto a la consulta a la comunidad organizada, afirmó en ese momento que aunque desde esta instancia siempre se abren las puertas a la ciudadanía, «la obligación legal que existe como tal en el proceso de formación de nuestro ordenamiento jurídico municipal (ordenanzas) no existe en materia de acuerdos que pueda acordar este Concejo Municipal».
El 8 de junio AsoChacao también envió una carta similar, esta vez pidiendo una reunión con el alcalde Gustavo Duque.
El presidente del Concejo Municipal del municipio Chacao, Máximo Sánchez, atribuyó el aumento de las tarifas al decreto emanado desde la administración de Maduro de que el registro contable se anclara al petro, aunque el mandato no exhorta a que las tarifas sean cobradas a la ciudadanía en base a la moneda virtual. «Eso trajo consecuencias terribles», admitió al referirse al tema de lo que significa en bolívares. Recuerda que en 2019 el petro estaba cerca de los Bs. 2 millones y luego pasó los Bs. 20 millones.
Según Sánchez, la cámara anterior divulgó una ordenanza que establece que los ajustes son anuales, «pero tenía una coletilla», en la que se señala que esto se haría siempre y cuando no se presentaran circunstancias que afectaran la economía y que obliguen a hacerlo de forma más frecuente. «Entonces la hiperinflación definitivamente es un argumento establecido en la misma ordenanza para hacer ajustes de forma más regular», dijo.
El funcionario destacó que la ciudadanía admite que el municipio está limpio y que las observaciones no están en la recolección de desechos sino en el cobro del servicio.