«En su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas», dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Las cuatro masacres por las que pedirán 30 años de prisión contra Jeanine Áñez, la expresidenta de facto de Bolivia
El pasado sábado 13 de marzo fue detenida en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte de Bolivia, la expresidenta de facto de ese país Jeanine Áñez, acusada de «terrorismo, sedición y conspiración» por el caso del golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en 2019.
Un día después, la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria de facto. La medida también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, y se justificó por la existencia de riesgo de fuga de los detenidos.
El actual ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima Magne, informó que la cartera que dirige pedirá «una condena de 30 años» contra Áñez por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz durante su administración (noviembre 2019-noviembre 2020).
«Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos», enfatizó Lima.
En febrero pasado, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.
«Algo que jamás podrá negar el gobierno de la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas», manifestó entonces Cruz.
En octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó un informe que señala que de esos 37 asesinados, 27 de ellos fueron por impactos de bala —algunos con calibre 22, otros calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62—; además, dice que hubo 861 personas heridas.
Sur de La Paz
Según recoge el informe «Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019», de la Defensoría del Pueblo, el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que asumiría el poder (que se concretó formalmente el 12), hubo fuerte represión policial contra la población que se oponía al golpe en la Zona Sur de La Paz, concretamente en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo.
De acuerdo al documento, estos lugares fueron escenario «de excesos por parte de la Policía, a través de actos como la aplicación de golpes, patadas, insultos racistas o discriminatorios, amenazas con armas de fuego y otros», vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza.
Simpatizantes de Evo Morales en una protesta en La Paz, Bolivia, 11 de noviembre de 2019
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
«Como consecuencia de estos actos, 18 personas resultaron heridas en la intervención policial, y tres personas perdieron la vida», dice el informe.
Montero
Según el citado informe de la Defensoría del Pueblo, el 13 de noviembre, en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz, se produjo una manifestación que fue intervenida por las fuerzas policiales, luego de una amenaza de saqueos al principal mercado local.
En el lugar, donde hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, «el uso excesivo de la fuerza policial tuvo como resultado el fallecimiento de Roberth Ariel Calisaya Soto de 20 años de edad, producto de un disparo de arma de fuego», además de varios heridos, dice el documento.
Richard Orellana, médico de la clínica San Miguel, donde fue llevado Calisaya, informó que la víctima arribó sin signos vitales y se determinó que el joven había fallecido por impacto de arma de fuego, cuyo proyectil ingresó por la parte derecha del tórax y se alojó en el corazón.
Sacaba
El 15 de noviembre de 2019, justo el día de la firma del sonado decreto de Áñez, en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra del gobierno de facto.
Los manifestantes intentaron atravesar el puente Huayllani, que une a la ciudad de Sacaba con Cochabamba, pero se toparon con un cerco policial y militar que les impidió el paso. Minutos después, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes.
El saldo de esta matanza fue de 12 personas asesinadas y 125 heridas. Los fallecidos fueron identificados como:
- Lucas Sánchez Valencia.
- Roberto Sejas Escobar.
- Juan López Apaza.
- Omar Calle Siles.
- César Sipe Mérida.
- Armando Carballo Escobar.
- Plácido Rojas Delgadillo.
- Marcos Vargas Martínez.
- Emilio Colque León.
- Julio Pinto Mamani.
- Miguel Ángel González Ledezma.
- Róger Gonzales.
Senkata
Cuatro días después, sucedió la segunda masacre, esta vez en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.
La Defensoría del Pueblo identificó a las personas que fallecieron ese día como:
- Calixto Huanacu Aguilar.
- Milton Zenteno Gironda.
- Edwin Jumachi Paniagua (38).
- Ruddy Cristian Vásquez (23)
- Juan José Tenorio (23).
- Antonio Ronald Quispe (23).
- Pedro Quisbert Mamani (37).
- Clemente Mamani Santander.
- Devi Posto Cusi (31).
- José Colque Patty (22).
Además de estos cuatro lugares, de acuerdo con el documento que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.
Aparte de esto, el Ministerio de Justicia presentó este lunes cuatro pedidos de juicio contra Áñez que tienen que ver con el préstamo presuntamente irregular de más de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia; la prórroga «ilegal» por 15 años de concesión de Fundaempresa, una entidad comercial contratada por el Estado; la «vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile»; y las restricciones decretadas durante la pandemia.
Edgar Romero G.