Dos semanas en suspenso llevan las familias de los 237 migrantes venezolanos que fueron trasladados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, la cárcel de máxima seguridad creada por el presidente Nayib Bukele para encerrar a pandilleros. No han sabido de ellos desde el día que varios de ellos conversaron con sus familias para informar que serían deportados en un vuelo a Venezuela y después aparecieron en el país centroamericano. El nuevo envío este lunes de otros 17 migrantes al Cecot encendió las alarmas.
El Gobierno venezolano ha emprendido una cruzada de defensa de los deportados a El Salvador. Se han organizado actos públicos, recolecciones de firmas y marchas para rechazar las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos a los que han sido sometidos. También se contrató un bufete de abogados en El Salvador para su defensa. Este fin de semana, Nicolás Maduro aseguró que había hablado con secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir que actúen en favor de los más de 200 migrantes “secuestrados” en El Salvador.
“A los dos les solicité diligencias como altas autoridades del sistema de Naciones Unidas para que el Gobierno de El Salvador responda judicialmente y entregue la lista de los venezolanos migrantes secuestrados”, dijo el mandatario chavista.
En Maracaibo, la familia de Alirio Belloso acumula días de angustia. En Estados Unidos, su hermano espera que esta semana los bloqueos judiciales que han emprendido algunos jueves para ponerle freno a la orden de Donald Trump lleguen a un resultado. Alirio, de 30 años, cruzó el río que separa Estados Unidos de México en noviembre de 2023, se entregó a la policía federal y a los días lo liberaron sin ninguna orden de deportación. Alirio siguió su camino a Utah donde trabajaba manejando para Uber. En enero, cinco días después de que Trump llegó a la Casa Blanca, lo detuvieron en una redada y ahí comenzó otro viaje.
Desde que detuvieron a Alirio, sus familiares pudieron seguir su estatus y ubicación a través del código de su expediente en la web del ICE. De Utah lo trasladaron a Nevada, de ahí a Washington, donde se presentó ante un juez que ordenó la deportación y certificó que no tenía records criminales en Estados Unidos, aunque sí tatuajes con los nombres de su hija y su madre. Luego lo trasladaron a Laredo, Texas. Ahora está en El Salvador. “Después de ese día su registro en el ICE quedó en cero”.
Lo vieron en los videos que difundió el presidente Bukele con la cabeza rapada. Pero desde entonces han perdido todo contacto o posibilidad de seguimiento. “Él se fue a Estados Unidos por la razón que se van todos. No tenía trabajo. Su hermano está allá y lo ayudó con el viaje”, dice Nataly, que también tiene una historia de migración a Perú y un regreso. En Maracaibo, Alirio tiene a su hija de 8 años que pregunta cuándo podrá llamarlo y a la que le responden que, por ahora, él no puede hablar.
El Gobierno de Maduro ha reanudado las inestables conversaciones con Estados Unidos para los envíos de deportados. Este domingo llegaron otros 175 venezolanos, esta vez en un avión comercial estadounidense, de la línea Eastern Airlines. A diferencia de los otros vuelos gestionados por Venezuela, tras el aterrizaje de la nave el ministro de Interior, Diosdado Cabello, no subió a darles la bienvenida en la cabina. El funcionario dijo que llegaron 54 personas menos de las que esperaban y que enviaron finalmente a un ciudadano reclamado por la justicia venezolana, pero que no pertenece al Tren de Aragua. Mientras Trump asegura que Maduro ha enviado a miembros del Tren de Aragua para invadir su país, en Venezuela aseguran que ninguno de los deportados tiene vinculación con la banda y que esta organización fue totalmente desmantelada cuando fuerzas militares intervinieron la cárcel de Tocorón en 2023, aunque sus líderes escaparon antes.
En total, 918 personas han llegado a Venezuela deportadas de Estados Unidos. Otros 553 migrantes han retornado procedentes de México y no está claro si estuvieron en suelo estadounidense.
Mercedes Yamares, que ha despedido a todos sus hijos en los últimos años, confía en la negociación que pueda hacer el Gobierno de Maduro por su hijo Mervin. “El Gobierno me está ayudando con Mervin que lo mandaron a El Salvador y también con el de mi hija que estaba sufriendo en México. Nos dijeron que van a hacer todas las negociaciones posibles. Estamos esperanzados de que se va a lograr algo”. Su hija menor, de 19 años, se fue en octubre pasado para intentar cruzar a Estados Unidos y reunirse con sus tres hermanos, pero nunca obtuvo la cita para iniciar el trámite. Aterrizó hace un par de semanas en Maiquetía, en un avión de Conviasa enviado por Venezuela a Ciudad de México en el que regresaron 311 venezolanos.
Desde que vio a Mervin en los videos en el CECOT, Mercedes no ha sabido más de él. Sus otros dos hijos que están en Estados Unidos ahora quieren regresarse, pero temen ser deportados a un tercer país, como hicieron con Mervin, luego de que lo apresaron la semana pasada en una redada en su residencia en Dallas. “Sabes lo que es tener a mis hijos en esta situación. Ellos se fueron buscando oportunidades, porque no tenían trabajo. Era la primera vez que salían del país”, relata Mercedes. Hasta hace unas semanas, Mervin trabajaba de noche en una fábrica de tortillas y jugaba fútbol en un equipo que había organizado en su comunidad. Dentro de poco obtendría su tarjeta de la seguridad social. “Su plan era devolverse este año. El ya no quería estar allí, porque eso no era ningún sueño americano”, dice su mamá.