Un día después de que Venezuela aprobara en un referendo la anexión del territorio en disputa con Guyana, Nicolás Maduro afirmó que este resultado es «vinculante», lo que implica una inminente incursión en esta zona controlada por Georgetown, que sigue sin cambios en su Administración a pesar del discurso chavista.
«Que no quede ninguna duda de que el referendo consultivo es vinculante» y representa un «mandato popular», enfatizó Maduro el lunes, al recibir los resultados oficiales de la consulta: 10,4 millones de votantes, un hito que el chavismo no había alcanzado en sus mejores años de popularidad y que contrasta con los informes de baja participación que predominaron durante la jornada.
Sin embargo, el referendo, enmarcado en la narrativa oficial, da luz verde al Ejecutivo para tomar el control de los 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela no ha administrado desde 1899, lo que dejaría a Guyana sin dos tercios de su geografía y sin las riquezas naturales que han avivado la disputa en los últimos meses.
Venezuela considera el referendo como un mandato, basado en su propia Constitución, que afecta exclusivamente al país que la aprueba y establece el carácter vinculante de los asuntos sometidos a consulta. En este caso, más del 90% de los participantes respaldaron los argumentos y propuestas del Gobierno en la disputa.
Sin embargo, el mandato constitucional venezolano no afecta a Guyana, que no votó al respecto, ni a ningún otro país más allá de las fronteras de Venezuela. Además, ningún país tiene la facultad de decidir sobre la soberanía de otro. Por esta razón, Guyana llevó la controversia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que admitió el caso en 2018 y emitirá una decisión vinculante para ambas naciones en una fecha aún por determinar.
Mientras tanto, Maduro afirmó sentirse obligado por el «mandato popular» a actuar para «recuperar los derechos» sobre el área en cuestión. Aunque no se conocen detalles sobre los planes del presidente, el primer paso debería ser proporcionar documentos de identidad a las comunidades indígenas que viven en la zona en disputa.
Según la quinta pregunta del referendo, Venezuela también tiene la posibilidad de crear una nueva región llamada Guayana Esequiba en este lugar y agregarla al mapa nacional, lo que aumentaría su superficie a 1.075.987 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Egipto.
Sin embargo, hasta ahora, estas son solo posibilidades y discursos, ya que en la práctica, como dictaminó la CIJ, Guyana sigue administrando el territorio y ha otorgado licencias para la explotación petrolera, lo que ha enfurecido a Caracas.
Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) redujera en más de 100.000 votos la cifra de participación anunciada el domingo, quedó claro que se refería a los electores y no a las expresiones, como afirmaron algunos opositores, entre ellos Henrique Capriles, quien estimó en un 89,8% la abstención en el proceso.
Ahora, con el segundo boletín oficial, la participación se sitúa en 50,26%, el punto más alto alcanzado en un proceso electoral en Venezuela desde 2017, a pesar del escaso interés mostrado por la ciudadanía, tanto en fechas previas como en el propio día del referendo.
El chavismo y las instituciones venezolanas respaldaron los resultados y juraron actuar en consecuencia de lo expresado en las urnas, incluido el rechazo a la jurisdicción de la CIJ para resolver esta controversia, a pesar de que Caracas participa activamente en el proceso.
Además, según la consulta, unos 10 millones de venezolanos están dispuestos a oponerse «por todos los medios» a la «pretensión» de Guyana de «disponer unilateralmente» de las aguas que Caracas considera «pendientes por delimitar», aunque el Gobierno no ha aclarado cómo se traducirá esto.
Por ahora, la pregunta principal es cuándo y cómo Venezuela hará cumplir el voto «vinculante» que le ordena implementar «un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura» en la zona disputada.