El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador y ex periodista investigador de la corrupción en su país, ha puesto de manifiesto la conexión entre Uruguay y los negocios petroleros. En 2013, Villavicencio denunció irregularidades en un contrato de intercambio de crudo entre Ancap y Petroecuador, intermediado por la empresa de trading de petróleo Trafigura. Según informes, Ecuador perdió al menos $205 millones debido a estas triangulaciones.
El caso fue llevado a los tribunales de Uruguay y Ecuador, pero no tuvo mayores consecuencias. Hace nueve meses, Villavicencio presentó el caso en televisión, mostrando una foto del expresidente Rafael Correa visitando la planta de refinación de petróleo de Ancap en Uruguay. Según él, esto fue parte de un «gran espectáculo» entre Correa y Raúl Sendic, ex presidente de Ancap y ex vicepresidente de Uruguay.
Villavicencio dedicó una sección de su libro «Ecuador. Made in China» a profundizar en lo que llamó la «intermediación uruguaya». Explicó que la falta de capacidad de refinación en Ecuador obligaba al país a exportar petróleo barato e importar derivados caros. Para superar esta situación, se firmaron alianzas estratégicas con gobiernos amigos, quienes procesarían el crudo ecuatoriano en sus refinerías y a cambio entregarían combustibles obtenidos en esas plantas. Sin embargo, según Villavicencio, esto solo resultó en la supresión de intermediarios, la reducción de costos y precios, y la eliminación de comisiones.
El gobierno de Rafael Correa firmó varios convenios con Uruguay, a pesar de que la refinería uruguaya es comparativamente pequeña y no tiene saldos exportables. Por otro lado, las empresas petroleras estatales ecuatorianas tienen tres plantas de refinación con una capacidad mucho mayor. Villavicencio recordó un convenio entre Ecuador y Uruguay que tenía como objetivo eliminar a los intermediarios del comercio de crudo y derivados. Además, las empresas petroleras firmaron un convenio de intercambio de hidrocarburos.
Uno de los negocios involucró cinco cargamentos de crudo oriental, por un total de 1.9 millones de barriles, con un valor de $171 millones. Además, según los cálculos de Villavicencio, los cinco cargamentos de derivados significaron $228 millones que el gobierno de Correa entregó a Uruguay. Todo esto fue manejado por la empresa de trading Trafigura, sin licitación ni contratos.
Los cargamentos de Ancap no cumplían con los requisitos de Petroindustrial, la empresa estatal ecuatoriana encargada de la industrialización del petróleo. Petroecuador adjudicó varios cargamentos de crudo a Ancap en enero de 2010, sin suscribir un convenio de intercambio ni contratos de compra-venta. Según Villavicencio, esto causó trastornos y desajustes sin precedentes en la comercialización de hidrocarburos en Ecuador.
En resumen, el caso de corrupción investigado por Villavicencio revela la conexión entre Ecuador y Uruguay en los negocios petroleros, con pérdidas millonarias para Ecuador y la supuesta supresión de intermediarios. Aunque el caso ha sido llevado a los tribunales en ambos países, no ha tenido mayores consecuencias hasta el momento.