Lucas Rincón, embajador de Venezuela en Portugal, habría recibido 7 millones de euros por supuesta trama de corrupción

0
352

El embajador de Venezuela en Portugal, Lucas Eduardo Rincón Romero, fue vinculado con un supuesto esquema de corrupción entre el Banco Espírito Santo, donde habría recibido cerca de siete millones de euros, según el diario portugués Sábado.

Por Mariángel Velásquez Rincón / El Cooperante

Dicho plan habría sido ejecutado por Ricardo Salgado, un economista y banquero de origen portugués, con el objetivo de recaudar dinero a través de distintas entidades venezolanas, entre ellas el Banco del Tesoro, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Carbozulia.

En el documento, el Ministerio Público señala que las sospechas sobre Venezuela serían investigadas como una «averiguación autónoma» para determinar una posible «práctica de delitos de asociación delictiva, corrupción con pérdida en el comercio internacional, corrupción en el sector privado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales».

Según indica la nota, por el hecho estarían siendo investigados Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires, Isabel de Almeida y otros 22 imputados. No obstante, aseguran que el Ministerio Público habría dejado por fuera los nombres de Lucas Rincón, embajador de Venezuela en Portugal, y Margarita Mendola Sánchez, actual ministra de la embajada en Portugal.

«Hay datos que revelan que ambos recibieron dinero a través de transferencias desde la ‘bolsa azul’ a dos empresas offshore con cuentas en Espíritu Santo Bankers Dubai (ESBD). En efecto, en 2018, en respuesta a un recuerdo de apelación de João Alexandre Silva, exresponsable de la discreta sucursal de BES en Madeira y uno de los principales sospechosos en el montaje del esquema de corrupción con Venezuela, el Ministerio Público había identificado a Margarita Sánchez como una de las beneficiarias de las comisiones, a través del offshore ‘Paratus'», señala el portal.

Según la investigación del Ministerio Público, el grupo tenía como objetivo ocultar a los verdaderos beneficiarios de los pagos ordenados por Ricardo Salgado a través de los mencionados offshore.

«Sin embargo, el uso de estas sociedades anónimas instrumentales fue posible con la colaboración de otro hombre de confianza del Espíritu Santo: Michel Joseph Ostertag. Es un suizo, antiguo empleado de Gestar, una empresa que hasta 2007 perteneció directamente a GES y que acabó fusionada en la Swiss Eurofin Holding», prosigue el texto.

El suizo aparentemente se encargaba de construir entidades domiciliadas en «paraísos fiscales», además de gestionar un portafolio de soluciones para la supuesta «optimización fiscal de la renta, ocultación de activos y gestión de activos».

Además, según el abogado José Ranito, ‘Paratus’ también habría trabajado en supuesto beneficio de Lucas Rincón, quien «ejerció sus funciones diplomáticas para obtener negocios de empresas públicas venezolanas en beneficio del Grupo Espírito Santo ”.

Detalla que el embajador habría recibido dinero en las cuentas del offshore «Safeleader», pasando luego a «Paratus».

«Entre 2009 y 2013, Ricardo Salgado pagó a Lucas Rincón montos superiores a siete millones de dólares por la práctica de actos contrarios al deber del cargo, en beneficio del negocio de GES», agregó José Ranito en la solicitud de cooperación judicial a Suiza. , diciendo que las comunicaciones entre los sospechosos, el diplomático fue tratado por «ZED».

Otro hecho que compromete la participación del diplomático en el supuesto esquema de corrupción sería una supuesta conversación con el abogado José Ranito y João Martins Pereira, exdirector de cumplimiento de BES, durante un interrogatorio en mayo de 2019.

Además, según el diario portugués, el Ministerio Público también habría intentado escuchar a Margarita Sánchez como testigo. «Sin embargo, en enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó al proceso que la embajada había invocado el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que otorga inmunidad penal a los diplomáticos, y ni siquiera está obligada a declarar como testigos en los procesos».