La exfiscal general de la República conversó con El Nacional desde España, país donde espera que le otorguen el asilo político. Aseguró que hay una demanda en su contra en Colombia por una investigación que inició en Venezuela. Sostuvo que durante su gestión, el madurismo fue «un obstáculo»
Por Williams Perdomo @wperdomod – El Nacional
«La designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está tan viciada como la designación de los magistrados exprés del año 2015. Eso muestra el desprecio que tiene la autocracia madurista hacia la Constitución y las leyes. Lo único que les importa a ellos es evitar ser juzgados y mantenerse en el poder». Así lo aseguró Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, en conversación con El Nacional desde España, país donde espera que le otorguen el asilo político.
Ortega Díaz también explicó que el fiscal de la Corte Penal Internacional toma nota de lo que ocurre. Señaló que, a su juicio, si las instituciones no funcionan correctamente, afectará a otros países. Por ello, alertó que se intente utilizar a instituciones de otros países contra la disidencia al madurismo.
La exfiscal aseguró que ahora enfrenta una denuncia en Colombia por un caso que investigó como fiscal general. «Está ocurriendo que la Fiscalía 127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en mi contra supuestamente por haber calumniado una persona de nombre Ricardo Morón. Esta persona es propietaria de una empresa que se llama constructora Cresmo. Me denunció en Colombia porque yo supuestamente informé a los venezolanos y al mundo que los propietarios de esa empresa, Iris Varela y el hijo de Nicolás Maduro estaban siendo investigados por el Ministerio Público venezolano a mi cargo», dijo Ortega Díaz.
«Me denuncia por haber dicho que esa empresa fue la que Iris Varela designó a dedo para que construyera un centro penitenciario. Y le dieron 45 millones de dólares a Iris Varela para esa obra», agregó.
Indicó que la obra no se construyó «y el dinero tampoco se devolvió por lo que la Fiscalía venezolana, cumpliendo un mandato constitucional, le abrió una investigación en el año 2016. Luego de mi salida precipitada en el 2017, no se pudo continuar. Pero, para aquel momento el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pusieron todos los obstáculos para que el Ministerio Público no investigara eso».
A pesar de la situación, Ortega Díaz dice confiar en las instituciones colombianas y de otros países. «Yo no sé si las autoridades de Colombia están al tanto de esta situación, pero sin duda es algo que debe preocupar no solo a ese país. Ricardo Morón es un venezolano que ni siquiera vive en Colombia sino que vive en Venezuela, reclama que su honor ha sido mancillado en Colombia, pero yo me pregunto: qué pasa con la vida, la integridad personal, la dignidad, el honor y la reputación de dos millones de venezolanos que producto de estos hechos de corrupción están en la pobreza extrema y con gran dolor y sufrimiento se vieron obligados a irse a Colombia».
«Los países del mundo deben estar muy alerta sobre las pretensiones que tengan los que se dicen autoridad en Venezuela porque pueden mandar a personas interpuestas a denunciar a cualquier persona. Esa puede ser una práctica consecuente», advirtió.
De igual manera, Ortega Díaz resaltó que ejerció el cargo como fiscal general hasta el 31 de diciembre de 2021 y no en 2017 cuando la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro designó a Tareck William Saab, luego de que tuvo que exiliarse. «Lo que diga Maduro y quienes detentan el poder en Venezuela no se le puede creer. Ellos mienten. Solo hay que ver lo que hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia, la designación de los magistrados. Muchos de esos magistrados no tienen los requisitos para ser magistrados. Violan la ley. El artículo 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice, de manera clara, que es un solo período de 12 años cuando los están eligiendo para otro período no importa que hayan estado 5, 6, 10 o 12 años, pero es clara la ley. Eso no tiene interpretación. Pero hay magistrados que van a tener ahora dos períodos, cómo se entiende eso. Ellos acomodan las leyes a su conveniencia», señaló.
Investigaciones durante su gestión: el caso Pernalete
Recordó el caso de Juan Pablo Pernalete, que en una rueda de prensa afirmó que había muerto por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por una Guardia Nacional. «Por ese caso me persiguieron y dijeron que el muchacho era un era un terrorista. Ernesto Villegas salió diciendo que lo había matado una pistola de perno disparada por un compañero. Yo salí a decir que eso era mentira. Y me atacaron, para luego ellos terminar diciendo lo que yo había dicho. Entonces, es mentira que en el Ministerio Público a mi cargo no se investigó, ellos fueron un obstáculo para esa investigación», aseguró.
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Similar, dice, es lo que pasó con la Operaciones de Liberación del Pueblo (conocidas como OLP): «Protegían a los policías. Yo inauguré la unidad Criminalística para tener expertos que hicieran las pruebas científicas y no los expertos del Cicpc porque depende directamente del Ejecutivo. Qué hizo Tarek William: la desmanteló. Recientemente el canciller mandó una carta para la Corte Penal Internacional, una carta insolente, que dice que tenemos un laboratorio la unidad Criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales para que las experticias la hagan expertos imparciales».
Finalmente indicó que a pesar de los intentos del gobierno de Maduro por establecer responsables y evitar que avance la investigación de la Corte Penal Internacional, el proceso continuará. «Ellos no pueden hacer nada porque la Corte Penal Internacional es una institución seria. Lo que pasa es que están acostumbrados a manipular todas las instituciones en Venezuela, que todas todos hacen lo que ellos quieren: ponen a los magistrados que quieren, que no están allí por méritos, sino por este lealtad, fidelidad y relación de parentesco. La Corte Penal no es así. Es una institución seria con gente responsable», aseguró.