El principal abogado de Nicolás Maduro, el inspector general Reinaldo Muñoz, contrató a un cabildero de Washington cuyo negocio se ha disparado bajo la administración de Donald Trump como parte de un esfuerzo de 12,5 millones de dólares para aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales si la campaña respaldada por Estados Unidos para derrocarlo se detiene, reseñó AP.
Muñoz contrató al “Robert Stryk’s Sonoran Policy Group” como parte de un contrato más amplio que suscribió con Foley & Lardner, una firma de abogados con oficinas en Washington.
Tanto el bufete de abogados como Stryk’s Sonoran Policy Group se registraron como agentes de Muñoz en documentos separados ante el Departamento de Justicia que se publicaron el lunes en el sitio web de la agencia.
Su trabajo incluye “desarrollar una estrategia para acercarse al Gobierno de los EEUU en apoyo de la exclusión del principal extranjero u otras partes sujetas a sanciones económicas de los EEUU debido a sus conexiones con la República”, según la presentación de Foley, que a su vez está pagando 2 millones de dólares para contratar a Stryk como consultor.
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