Es descabellado que ninguno de los presentes en la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) haya increpado al dictador venezolano durante su intervención
Por Julio Borges / Infobae
Salvar la humanidad de los efectos del cambio climático se ha transformado en una obsesión de los líderes del mundo. Actualmente, existe un consenso mundial sobre la necesidad de frenar la ola expansiva de contaminación que se ciñe sobre el globo terráqueo. Justo esta semana se ha desarrollado en Egipto la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), una instancia que reúne a líderes mundiales, jefes de Estado, representantes de organizaciones multilaterales y de agencias no gubernamentales, con el propósito de mitigar los efectos del calentamiento global y salvaguardar la vida del planeta tierra.
Lo paradójico de esta reunión es que hicieron acto de presencia quienes precisamente son los responsables de la agudización de esta tragedia y, cómo es de costumbre en la ONU, se pasaron con total impunidad por los escenarios de discusión, sin comprometerse a generar cambios al respecto. Algunos incluso pretendieron usar un camuflaje dentro del debate para parecerse a activistas de Greenpeace.
Uno de estos personajes es por supuesto el dictador Nicolás Maduro, quien hoy es el artífice del peor ecocidio del planeta que está desintegrando la Amazonía venezolana. Maduro, con total desparpajo, se dirigió a una plenaria pidiendo unir fuerzas para frenar los efectos de un supuesto modelo depredador que es el capitalismo, sin mencionar ni una palabra de la responsabilidad de sus aliados políticos Rusia y China en la crisis climática, ni mucho menos se refirió a la catástrofe ambiental generada por él mismo a través de la minería ilegal en el sur de Venezuela. Además, lo descabellado es que ninguno de los presentes haya increpado al dictador sobre su inhabilitación moral para dar lecciones en esta materia.
Maduro se ha convertido en el verdugo del ambiente en América Latina. No lo digo yo, lo ha confirmado la propia Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. El dictador venezolano ha desatado una especie de fiebre por el oro en el sur de Venezuela, donde le ha dado rienda suelta a la minería ilegal en un espacio geográfico de 111.843 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 12% del territorio venezolano, una extensión de territorio más grande que países como Panamá, Holanda o Suiza. Esta tragedia es un ecocidio conocido como el Arco Minero del Orinoco, allí la propia ONU ha certificado que producto de la extracción desenfrenada de minerales se ha generado contaminación de los ríos, pérdida del subsuelo, desforestación, enfermedades como malaria, afectación de la vida de los pueblos originarios y lo peor, proliferación de grupos armados al margen de la ley. Sobre esto último, se estima que actualmente existen 9 organizaciones delictivas, distribuidas entre guerrilla, sindicatos y delincuencia común, que están disputando el control del territorio, socavando la biodiversidad y sometiendo a vejámenes a la población civil, que se ve expuesta a esclavitud laboral y sexual por parte de estos grupos irregulares.
La misma ONU reconoció en un reciente informe que se estima que se han perdido en este lugar por deforestación 1.033 hectáreas de la superficie del Parque Nacional Canaima, una reserva natural que está protegida por ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994. Sin embargo, otras organizaciones contabilizan el deterioro ambiental en niveles superiores. De acuerdo con el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140.000 hectáreas de la Amazonía venezolana por la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco.
La contaminación de los ríos es otra vertiente de este terrible ecocidio. Expertos señalan que el uso de mercurio para la minería ilegal ha envenenado las cuencas aledañas de la zona y con ello, ha afectado tanto a especies marinas y terrestres, como a habitantes indígenas que consumen el vital líquido. Es así como la contaminación del agua derivada del mercurio y del proceso de extracción de oro ha traído consigo un aumento de los casos de parasitosis intestinal, hepatitis, gastroenteritis y malaria.
Aunado a ello, Maduro también ha sido responsable de otras tragedias ambientales desde que ostenta el poder. La frecuencia con la que se suscitan los derrames petroleros en Venezuela ha hecho que dejen de ser noticia. Según informes de la propia PDVSA, solo en el año 2016 se registraron en el país 8.250 derrames, lo que representó para ese entonces un volumen total de 182.317 barriles de crudo derramados. Esta situación ha empeorado con el paso de los años y el deterioro que ha sufrido la industria petrolera por la corrupción y desprofesionalización a la que ha sido objeto. En el 2020, el Parque Nacional de Morrocoy, una zona de gran importancia natural y turística en Venezuela, fue el epicentro de un gran derrame. La mancha negra se estimó en ese entonces en unos 20.000 barriles de petróleo vertidos sobre el mar.
Lo expuesto anteriormente constituye basamento suficiente para declarar sin tapujos que Nicolás Maduro es el mayor enemigo de la lucha por el cambio climático en América Latina. Su régimen se sostiene de un modelo extractivista, que se abastece de la explotación de los recursos naturales sin ningún tipo de contemplación por la tierra, pero tampoco por los venezolanos, quienes no reciben nada a cambio de la venta indiscriminada de esos recursos.
En este sentido, la presencia de Maduro en la COP27 fue un error de dimensiones históricas y más allá de eso, fue una contradicción con las denuncias que ha emitido la propia ONU. Maduro con la minería ilegal le ha clavado una puñalada al corazón de la Amazonía y por eso, no merece ni voz ni voto en un concierto internacional donde se discuten fórmulas para contrarrestar los gases de efecto invernadero. Por lo contrario, la acción de Maduro debería ser motivo para que en el seno de la ONU y de las organizaciones ambientales se condene con la mayor vehemencia el ecocidio que propicia el régimen venezolano. El Estado venezolano se ha divorciado de los acuerdos internacionales que contemplan la lucha por la preservación del medio ambiente, para aliarse con el crimen organizado y la corrupción en una confabulación que persigue extraer recursos de manera ilícita, en detrimento de la vida en el planeta.