La Asamblea Nacional sanciona la reforma a la Ley Orgánica de Contraloría Social con el objetivo de transferir bienes y competencias a las comunidades con funciones compartidas, evitando la interferencia privada en los intereses comunales. Esta reforma es parte de los esfuerzos del gobernante Nicolás Maduro para lograr el reconocimiento del Estado comunal mediante reformas legales y estructuras de poder no contempladas en la Constitución.
Con información de TalCual
La reforma recibió el respaldo de la mayoría calificada de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras que los diputados de oposición optaron por abstenerse en la votación. La ley ha sido remitida al Ejecutivo para su promulgación.
La diputada Gabriela Peña (PSUV – Miranda) presentó la reforma en noviembre de 2022, destacando la importancia de formar a todos los sectores en materia de control social y combatir la corrupción. Según Peña, esta reforma permitirá al Estado ser más eficiente en la lucha contra los delitos y brindar una respuesta efectiva a la ciudadanía.
Entre los aspectos clave de la reforma a la Ley de Contraloría Social, se destaca la creación de los Consejos de Contraloría Comunal como instancia encargada de prevenir, evaluar, controlar y dar seguimiento a los planes y proyectos derivados de la gestión pública y popular, así como a las actividades privadas que puedan afectar los derechos o intereses colectivos. Además, se establece la figura de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, responsable del control de los planes, programas y proyectos desarrollados por los comités de gestión de los consejos comunales, el poder público o el sector público que puedan afectar los derechos o intereses colectivos.
La reforma también establece que los procedimientos para el ejercicio del control de los planes podrán iniciarse mediante quejas ante organismos e instancias competentes, acompañados de un acta que describa los actos irregulares.
La ley designa a las asambleas de ciudadanos de los consejos comunales, la unidad de contraloría del consejo comunal, el consejo de contraloría comunal y las organizaciones e instancias del poder popular como responsables de recibir, tramitar o resolver denuncias relacionadas con el ejercicio de la contraloría.
En el artículo 18 de la ley se establece que los funcionarios del poder público deben responder de manera oportuna a los informes y denuncias producidos en el ejercicio de la contraloría social, y de no hacerlo, podrán ser sancionados.