La administración de Maduro rechazó «categóricamente» este lunes el dictamen de un juez de EEUU, a favor de la energética norteamericana ConocoPhillips, que autoriza a la compañía a ejecutar un laudo arbitral de hasta 8.700 millones de dólares: EEUU pretenden consumar un paso de la intrincada trama de corrupción para facilitar entrega de activos venezolanos a potencias extranjeras.
Anaisa Rodríguez./ ND
A través de un comunicado, la Cancillería de Maduro, calificó la decisión de «injusta» la decisión del juez Carl Nichols y no dudó en culpara a Juan Guaidó e Ignacio Hernández de ser «cómplices» de la entrega de activos a EEUU.
El chavismo hizo un llamado a la comunidad internacional ante las «evidentes maniobras con las que se pretenden justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana. Con esta medida Estados Unidos no sólo viola el Derecho Internacional, además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia para cualquier Nación».
El fallo es fruto de la expropiación, por orden del fallecido Hugo Chávez en el año 2007, de activos petroleros de la compañía en el país caribeño, cuyo Gobierno fue llevado a los tribunales, que dictaminaron, ya en 2013, que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia, se sumó, en 2019, el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que falló que Venezuela debía pagar 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en 2007.
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