Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH en corto), actualizó el informe sobre la situación de los DDHH en el país reiterando que existen motivos para creer que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad. El informe también verificó que el sistema de justicia venezolano jugó un rol importante en la represión a opositores.
Jhoan Meléndez.- ND
«Concluimos que los actores del sistema de justicia, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores reales del gobierno y personas que son percibidas como tales», señaló vía oral.
Asimismo, Valiñas concluyó que hay motivos razonables «para creer que algunas de las conductas descritas en el informe de 2020 constituyen crímenes de lesa humanidad».
El Estado no ha implementado medidas y no publica datos
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Resalta que aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado que tomará medidas para hacer frente a la situación de impunidad, lo que realmente importa «es la implementación de las medidas previstas».
«La falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores, continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones», subraya.
También reiteró que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes; y sus familiares, tienen derecho a participar en los procesos judiciales tal y como lo garantiza la legislación interna.
«Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos del Sr. Albán y del Sr. Acosta Arévalo son ejemplos de ello», recuerdan.
Sobre el caso del exconcejal Fernando Albán, Valiñas reveló que en diciembre de 2021, un detective y un inspector del Sebín «fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables». Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. «En febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad».
Detenidos sin juicio
Advirtió el informe que hay personas que tienen más de 3 años detenidas sin un juicio, lo que está «muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada».
Mencionaron que en la segunda mitad del 2021, se produjeron dos muertes de opositores bajo custodia del Gobierno, «ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es del General Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión».
«Su hijo Josnars Baduel, quien permanece detenido en El Helicoide del Sebín y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata», alertan.
También hacen hincapié en la aprehensión de Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 «y acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca».
«También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las serias irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado», añaden.
Por otro lado, la MDH contó que a partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional electa en 2020 anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas sobre el sistema de justicia. Sin embargo, consideran que «una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa adecuadamente».
«En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de estas reformas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial», critican.
Por último, la Misión de Determinación de Hechos precisó que seguirán ampliando sus investigaciones actuales «a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo (De DDHH de ONU) en septiembre de este año».
¿Qué es la MDH?
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El mandato de la Misión ha sido prorrogado hasta septiembre de 2022.