Nicolás Maduro dice que en 2022 le pueden convocar a un referendo revocatorio para sacarlo del poder por la vía de los votos, y dirigentes que lo adversan avalan esa ruta. Pero la historia muy reciente indica que no solo hace falta que el pueblo decida, sino que lo dejen decidir
Víctor Amaya | @victoramaya / TalCual
El miércoles 24 de junio de 2020, el gobernante Nicolás Maduro declaró que «en 2022 se abre el lapso para quienes quieran recoger las firmas para convocar un referendo revocatorio». Afirmó que «si el pueblo recoge las firmas suficientes, como exige la Constitución, iremos a medirnos a las urnas y será el pueblo quien decida».
Apenas 20 minutos después, el exgobernador de Lara Henri Falcón recogió el guante.
El pueblo Venezolano está decidido a echarlos y será, sin duda, con votos.
Vendrá el #revocatorio! Antes parlamentarias, regionales y locales también! Cuenten con eso! https://t.co/dYbyE2wyt2
— Henri Falcón (@HenriFalconLara) June 24, 2020
No es la primera vez que Maduro dice que la oposición puede sacarlo del poder por vías democráticas. Por eso es importante mirar a la historia reciente, echando el calendario atrás hasta 2014.
Eran tiempos de «La Salida», de protestas callejeras, de movimientos populares para que el gobiero cayera, impulsados por Leopoldo López, Antonio Ledezma,María Corina Machado y varios dirigentes y organizaciones. Visto que aquel camino no dio resultado, otro sector de la oposición reiteró el camino electoral: participar en las parlamentarias de 2015 de manera unitaria.
Así se hizo, luego de no pocas discusiones sobre la ruta estratégica. Finalmente, con la tarjeta MUD, la oposición logró hacerse de la mayoría calificada del parlamento que comenzaría a trabajar en enero de 2016. En diciembre de ese año, cuando se hablaba del revocatorio, desde la organización unitaria se abrían puentes.
Chúo Torrealba, entonces coordinador nacional de la alianza, decía: “Vamos a llegar al 5 de enero con una agenda de reivindicación social. Habrá que ver qué pasa cuando se formulen leyes como la de Misiones para todos y el Gobierno intente bloquearlas. En ese momento, si el Gobierno se opone al deseo de cambio y de justicia, entonces habrá que activar los mecanismos que la constitución prevé”.
Pero el chavismo nunca quiso entenderse con una Asamblea Nacional dominada por la oposición con 2/3 partes, y por tanto con capacidad de legislar sin bloqueos por parte de la bancada del PSUV. Optó por bloquearla, y rápidamente. El 11 de enero el TSJ declaró al Legislativo en «desacato». Tenía apenas seis días de instalada, en aquella sesión en que Henry Ramos anunció que en los primeros seis meses de trabajo legislativo se definiría cuál sería el camino para cambiar de gobierno.
La oposición anunció entonces que activaba al mismo tiempo varias opciones: protestas de calle para exigir la renuncia de Maduro, los mecanismos electorales para activar un revocatorio y hasta una enmienda constitucional que pudiera conducir a reducir el mandato presidencial.
La ruta del referendo la asumió Henrique Capriles como su principal promotor. Ya el 29 de enero, el excandidato presidencial llamaba a seguirlo en ese camino.
Los partidos políticos y la propia Asamblea Nacional también dijeron que impulsarían el revocatorio, y comenzaron las diligencias. Empezando por exigirle al Consejo Nacional Electoral que definiera los pasos a seguir, para evitar los obstáculos vividos ente 2003 y 2004 cuando hubo que ir a firzado, reafirmazo y demás.
Apenas en marzo, se denunciaron las primeras trabas desde el organismo que comandaba Tibisay Lucena, pues se le daba largas a la entrega de los formularios para la recolección del 1% inicial de firmas.
En paralelo, la Asamblea Nacional trabajaba en una Ley de Referendo, pendiente de ser discutida y aprobada desde que entró en vigencia la Constitución de 1999, tres lustros antes.
En abril, el CNE dijo que solo ellos podían legislar en materia de referendos, y no la Asamblea Nacional. Durante más de 15 años, el Poder Electoral nunca presentó proyecto alguno para discutir esa ley, pero cuando el parlamento presentó uno, lo bloqueó.
Según el argumento del CNE entonces, la Ley Electoral de 2009 se aprobó en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo sin acatar sus lineamientos, pero Tibisay Lucena no reclamó ni exclusividad ni violación de la ley en aquella oportunidad. En 2016 sí. Así, el CNE ponía más obstáculos a lo electoral.
Han pasado más de cuato años desde entonces, y los rectores nunca presentaron otro proyecto. La mora ya cumple 20 años.
Ese mismo mes de abril, el 27, la oposición recogió las firmas necesarias para activar formalmente el revocatorio contra Nicolás Maduro. Necesitaban el 1% de los electores iscritos en el Registro Electoral. Los partidos políticos afirmaban que había logrado reunir las suficientes, y e incluso más al superar el millón de rúbricas.
Mientras tanto, Maduro afirmaba que «nada de lo que está haciendo» la oposición «tiene viabilidad política». Aseguraba, de hecho, que «la revolución aquí va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta 2018», afirmó durante la juramentación de los CLAP el 27 de abril de ese año.
Ya entonces, Henrique Capriles, convertido en impulsor clave del mecanismo para recortar el mandato de Maduro, estimó que el revocatorio, estimaba que la cosulta electoral podía hacerse «al final del mes de noviembre o principios del mes de diciembre», aunque agregó que para ello se debía tener «un país movilizado» que lo impulse. Era una discusión entonces que la votación tenía que hacerse antes del 10 de enero de 2017 para que sacar a Maduro no significara que su vicepresidente (entonces Jorge Arreaza) y el resto del gobierno se mantuviera manejando el Estado.
De hecho, por aquellos días el gobierno también hacía lo necesario para retrasar el asunto y desmovilizar: incluso decretó como no laborables para los organismos públicos, incluyendo al CNE, los días miércoles, jueves y viernes para «reducir el consumo de electricidad en tiempo de sequía», efectivamente dejando menos días hábiles para la revisión de firmas y demás procesos.
Finalmente Tibisay Lucena informó que de las casi dos millones de firmas que recogió la oposición entre abril y mayo para convocar al revocatorio, unas 605.000 fueron invalidadas. A pesar de la masiva exclusión, quedaron habilitados para validar sus firmas 1,3 millones de ciudadanos de los casi 200.000 necesarios. Y se debía hacer otro proceso: una «validación».
Los criterios del CNE para anular firmas incluía dar al traste con planillas completas que tuvieran errores en la manera de escribir el nombre de Nicolás Maduro o el cargo de Presidente de la República en el encabezado, entre otras nimiedades.
La validación ocurrió con captahuellas, no sin denuncias: la oposición reclamó que el CNE colocó los 128 puntos para validar las firmas en zonas alejadas de las principales ciudades con el objeto de desmovilizar a la población, además en zonas hostiles para la oposición, sometida a amenazas de colectivos y demás grupos.
A pesar de todo ello, se lograron los objetivos: se cumplió con el 1%, y más pues se duplicó la exigencia del CNE.
Entretanto, comenzaron las retaliaciones. En el Gobierno se ordenó perseguir a quienes hubiesen firmado por el revocatorio, un derecho constitucional, y trabajasen para el Estado. Aunque Jorge Rodríguez decía que solo era para cargos «de confianza», se denunciaron cientos de despidos de trabajadores de todos los niveles de la administración pública.
En octubre de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia finalmente paralizó el revocatorio. Lo hizo porque tribunales penales de cinco estados dijeron que había irregularidades. El CNE afirmó que primero debía resolverse ese asunto antes de continuar el proceso. Los tribunales congelaron los casos. Nunca decidieron.
El canal Telesurincluso explicaba que los estados «deberán repetir esa primera etapa». Pero como los tribunales penales dejaron en el limbo esa causa, esa recolección nunca pudo retomarse. El chavismo cerró la puerta a una salida electoral.
Pasada la mitad de 2020, el asunto del referendo revocatorio vuelve a ponerse en la palestra, pues Maduro afirma que «si recogen las firmas, podremos ir a un revocatorio» y «si el pueblo decide que debo irme, lo haré». Pero la historia reciente demuestra que no solo se trata de que el pueblo decida, sino de que lo dejen decidir.
Pudiera ser más sencillo
Al referendo revocatorio está establecido en la Constitución, donde están delineados los requisitos que, sin ser simples, no se convierten en un absurdo. De seguirse lo establecido en la Carta Magna, el pueblo pudiera expresarse y, quien tenga más votos, ganaría.
La Constitución contiene las siguientes exigencias para su procedencia: que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario (el TSJ ha aclarado que debe contarse a partir de la fecha de la toma de posesión del cargo), que sea solicitado por un número no menor del 20% de los electores inscritos, que concurra al referéndum un número no menor del 25% de los electores inscritos, que vote a favor de la revocatoria del mandato un número igual o superior de los electores que eligieron al funcionario.
Como verán, allí no se habla de formularios, encabezado de listas en papeles entregados por el CNE, del 1% que además tiene que ser en cada estado para hacer la solicitud. La Carta Magna es clara. Pero la política y la enturbia.
El Consejo Nacional Electoral, avalado por el TSJ, ha añadido otros requisitos diferentes a los establecidos en la Constitución, como explica la ONG Acceso a la Justicia. Por ejemplo, estableció en 2007 que la solicitud de referéndum debe hacerla una agrupación de ciudadanos o una organización con fines políticos nacionales o regionales, y no directamente el 20% de los electores inscritos, como establece la Carta Magna, violando sus artículos 62 y 72 que prevé la participación directa en este tipo de procesos.
Según esa normativa, sólo si esa solicitud es aprobada, para lo cual se establece un procedimiento complejo y sujeto al visto bueno del CNE, empieza el procedimiento constitucional para que el 20% de los electores directamente exprese su deseo de ir a referéndum. Una etapa previa sacada de la chistera.
A esto se añade que los electores para expresar su voluntad de referéndum revocatorio deben acudir a los centros que establezca la Junta Nacional Electoral, donde deben manifestar su voluntad a través de su firma y huella dactilar en un lapso máximo de tres días, en la fecha y horarios estipulados por el CNE.
Esos son justamente los asuntos que debían regularse en la Ley de Referendos, que la misma autoridad electoral optó por bloquear cuando el parlamento comenzó a discutir.