Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue expulsado de Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país, fue trasladado a otra cárcel en El Salvador después de haber pasado varias semanas detenido en la prisión de máxima seguridad conocida como Cecot.
EFE
Así lo detallo el senador estadounidense Chris Van Hollen, quien viajó esta semana a El Salvador para pedir al Gobierno de Nayib Bukele que libere a Ábrego, residente hace más de una década en Maryland, el estado que representa el legislador.
Van Hollen logró reunirse con Ábrego el jueves en San Salvador y dio este viernes una conferencia de prensa donde relató detalles de su conversación y acusó al Gobierno Trump de estar mintiendo sobre el caso del salvadoreño y violando la Constitución.
El senador informó que García fue trasladado hace «nueve días» a otra cárcel en Santa Anta, al oeste del país, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está «traumatizado» tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
«(Ábrego) se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen», relató Van Hollen y agregó que las autoridades salvadoreñas no le han dado al migrante de 29 años una explicación de por qué esta detenido.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con quien Van Hollen también se reunió, le dijo al legislador que Ábrego estaba encarcelado porque Trump «está pagando» para mantenerlo detenido.
Ábrego no ha podido hablar con su esposa o sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y le dijo a Van Hollen que pensar en su familia es lo que le da «fuerza» para seguir «cada día».
El senador criticó directamente al Gobierno Trump, acusándolo de ignorar a la Corte Suprema, que en un fallo la semana pasada ordenó que se «facilitara» el retorno de Ábrego.
«Este caso no es solo sobre un hombre (…) sino sobre la protección de las libertades fundamentales y la Constitución», indicó Van Hollen.
Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El Gobierno Trump ha emprendido una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no tiene antecedentes penales en EE.UU.
Este viernes, la Casa Blanca publicó una serie de documentos sobre Ábrego, donde se detalla una investigación inconclusa sobre el hombre después de que la policía lo retuviera en una parada de tráfico en 2022 mientras manejaba un vehículo donde estaban otros 8 hombres.
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Cecot, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.