El correo electrónico que nunca quiso recibir llegó a la bandeja de entrada pasadas las doce del mediodía del sábado 29 de marzo. “Hemos tomado una medida en su caso y necesita su atención”. Fue lo primero que leyó en el asunto del mensaje enviado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el mismo que también recibieron otros cubanos como él —que prefiere no revelar su identidad—, junto a miles de venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
En total, 532.000 ciudadanos de estos cuatro países a quienes la administración de Joe Biden les extendió una vía de migración legal, y que ahora han pasado a ser, de un día para otro, los nuevos ilegales del Gobierno de Donald Trump. “Usted debe salir de los Estados Unidos ahora, pero no más tarde de la fecha de terminación de su libertad condicional”, dice el mensaje.
La carta enviada a los correos electrónicos de los beneficiarios del parole humanitario, a la que tuvo acceso EL PAÍS, dice que la protección concedida a los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares, expirará el 24 de abril. Es el ultimátum que da el Gobierno republicano para que vuelvan por su cuenta a sus respectivos países. “Todos tenemos miedo, imagínate que te llegue una carta que diga que tienes que irte para Cuba”, asegura el joven cubano, quien, como la mayoría, no tiene claro qué hacer.
El mensaje de las autoridades advierte que de “no salir a tiempo puede tener consecuencias adversas para la inmigración”. “A partir de la fecha de finalización de su libertad condicional, usted puede ser objeto de expulsión acelerada de conformidad con la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o de un procedimiento de expulsión de conformidad con la sección 240 de la INA, cualquiera de los cuales puede resultar en su expulsión, a menos que haya salido de los Estados Unidos o haya obtenido una base legal para permanecer dentro de los Estados Unidos”, continúa la misiva.
El DHS indica que, quienes decidan abandonar el país por vía terrestre, deberán informar de su salida a través de la aplicación móvil CBP Home, la sustituta de CBP One, una iniciativa que lanzó el Gobierno de Trump para que los migrantes ilegales se pudieran autodeportar. Por el contrario, si la persona “no sale de los Estados Unidos antes de la fecha de finalización de su libertad condicional, comenzará a acumular presencia ilegal en los Estados Unidos a menos que esté protegido de otro modo contra dicha acumulación”. La acumulación de más de 180 días de presencia ilegal, advierten, puede derivar en que la persona sea inadmisible si vuelve a solicitar la entrada al país en un futuro.
El Gobierno de Trump nunca escondió sus intenciones de acabar con el parole humanitario creado por la administración anterior y, a modo de cascada, se ha deshecho de todo lo que implicaba el programa con el que cada mes entraban al país legalmente hasta 30.000 extranjeros, bajo la sombrilla de un patrocinador económico, y con beneficios como un permiso de trabajo y permanencia legal por dos años. Lo primero fue anunciar el fin del parole el mismo día que el presidente llegó a la Casa Blanca. Después, se anunció que se suspendían los procesos migratorios de los beneficiarios. Más tarde, que se les revocaría el estatus legal. Y ahora, se les ha puesto una fecha para que salgan de manera definitiva del país, a pesar de que muchos en este tiempo han construido una familia, adquirido propiedades o han pagado impuestos.
En el correo enviado, las autoridades también se refieren a la revocación del derecho a empleo que hasta ahora les facilitaba su estatus. “El DHS tiene la intención de revocar su autorización de empleo porque la condición por la que se le concedió la autorización de empleo basada en la libertad condicional (…) ya no existe”, asegura.
El abogado de migración Willy Allen, quien insiste en que “la esperanza del Gobierno de Estados Unidos es que la gente se vaya por su cuenta”, cree que miles de ellos no lo harán: “¿Cuántas personas se van a ir en un avión solos a sus países?”. Por eso, le resulta preocupante que muchísimos de ellos permanecerán un tiempo sin permiso de trabajo y, por tanto, en un limbo legal y económico.
Le inquietan, sobre todo, los migrantes venezolanos, nicaragüenses y haitianos que hasta hoy no han presentado casos de asilo político. Algunos cubanos, sin embargo, podrían estar a salvo. “Los cubanos pueden legalizarse por la Ley de Ajuste, que requiere una inspección, una admisión o un parole. No pide que estés legal todo el tiempo en el país, sino parte del tiempo”, dice. Al resto de las nacionalidades, el abogado aconseja solicitar cuanto antes el asilo político: “Deben haber presentado ya sus casos, si no, tienen esta semana para hacerlo”.