Un nuevo informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela revela que el gobierno de Nicolás Maduro ha censurado y restringido repetidamente las actividades legítimas de los medios de comunicación venezolanos, contribuyendo a su desaparición progresiva.
El informe destaca que el control del Estado sobre la mayoría de los medios de comunicación se consolidó con la creación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el año 2000 y la adopción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en 2004. Según la misión, Conatel ha prohibido el uso de ciertos temas o palabras en los medios de comunicación, como la corrupción o las violaciones atribuidas a funcionarios del Estado, las referencias a tribunales internacionales y mecanismos de derechos humanos, así como la cobertura de protestas sociales o manifestaciones contra el gobierno.
El informe también señala que Conatel ha prohibido entrevistas con candidatos de partidos políticos de oposición, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Además, el organismo ha cerrado emisoras de radio y televisión y ha confiscado equipos que no se ajustan a sus directrices.
La misión destaca que entre 2003 y 2022, casi 300 emisoras de radio en Venezuela fueron cerradas por Conatel, siendo 2022 el año con mayor número de cierres en las últimas dos décadas. Esto ha llevado a la desaparición de la prensa escrita y a la censura de emisoras de radio y televisión, dejando a Internet como uno de los pocos espacios donde se puede compartir información libremente de fuentes independientes.
Sin embargo, durante la presentación del informe, los miembros de la misión señalaron que Conatel ha presionado a los proveedores de servicios de Internet para bloquear el acceso a páginas web de medios de comunicación independientes.
El informe también destaca que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos. Estas inhabilitaciones no son hechas públicas por la Contraloría General, violando normas internacionales y procedimientos internos aplicables.
La misión también encontró que organismos como la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han contribuido, por acción u omisión, a la represión de personas opositoras. El informe señala que el CNE carece de la independencia necesaria para desempeñar sus funciones constitucionales y ha estado sujeto a influencias indebidas de otros poderes del Estado. Además, el CNE ha aplicado normas y prácticas que han limitado arbitrariamente el establecimiento y el funcionamiento autónomo de los partidos de oposición, debilitando la confianza pública en el sistema electoral y interfiriendo en las actividades de los sindicatos.