La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, tras culminar dos años de investigación sobre Venezuela, alertó que ha tenido limitaciones para investigar a profundidad por condiciones contractuales y el traslado y rotación imprevistos de personas que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Organismo del que depende presupuestariamente la misión, y que hasta finales de agosto estuvo a cargo de Michelle Bachelet.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
A pesar de eso, este 20 de septiembre presentaron dos amplios informes sobre Venezuela, uno relacionado con los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el segundo sobre las violaciones de derechos humanos cometidos contra la población indígena del estado Bolívar por la explotación del Arco Minero del Orinoco.
Para defensores de derechos humanos, ambas investigaciones revelan que en Venezuela no existe independencia de poderes, y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene pleno conocimiento de los delitos cometidos, y de «dar las órdenes» de la actuación de las unidades de inteligencia que han atacado sistemáticamente a la población opositora desde 2014. Asimismo, consideran que debido a la rigurosidad de la investigación donde entrevistaron a 246 personas, entre víctimas directas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, así como consultas a testigos, familiares y exfuncionarios de inteligencia, los informes son un insumo importante para que la Corte Penal Internacional (CPI) los tome en cuenta e investigue estos casos en el país.
«Las investigaciones de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos al azar y desconectados que actuaron solos dentro del Sebin y la Dgcim. Por el contrario, la Dgcim y el Sebin fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir a la disidencia y cimentar su propio control de poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente, Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades», así lo expresó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, en un video ante el Consejo de DD. HH. de la ONU.
Al referirse a la Dgcim, la misión reveló que 122 oficiales militares y civiles fueron arrestados, detenidos y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 hasta la actualidad. «Los años 2017, 2018 y 2019 fueron el período en que la Dgcim produjo el mayor número de detenciones en Boleíta. La misión recibió información de que 85 personas continúan privadas de libertad en alguno de los diversos centros de detención operados por la Dgcim en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta», precisan.
Señalan que altos funcionarios del Gobierno ordenaron esas detenciones: «La misión recibió información de que las siguientes autoridades políticas ordenaron la detención de personas: el presidente, Nicolás Maduro; la primera dama, Cilia Flores; Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah».
Detallan que la Dgcim y el Sebin aplican desde fuertes golpes con bates y objetos punzantes hasta descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo a los detenidos. «Así como asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado ‘señorita’ para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua».
«Esta investigación es importante porque demuestra que no fue una actuación aislada de los funcionarios policiales y militares que cometieron tortura o que hicieron detenciones arbitrarias, sino que correspondía a un plan, a un patrón de actuación que era avalado por altas autoridades del Gobierno venezolano», expresó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
Por su parte, para Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, los informes de la Misión de la ONU son de enorme transcendencia internacional, porque desmienten la retórica del Gobierno sobre el mejoramiento de la situación en Venezuela. «Con esto se demuestra que en Venezuela no ha mejorado la implementación de la justicia porque no hay tribunales ni un Ministerio Público imparcial, que no investigan crímenes de lesa humanidad y que callan ante las injusticias que ha cometido el Gobierno de Venezuela», exclamó.
El segundo informe destaca la situación en Bolívar, donde responsabilizan a funcionarios del Estado y de la Gobernación de cometer grandes crímenes contra la población por la extracción y posterior comercialización ilegal del oro.
«Desde 2014 hasta la actualidad, la misión registró 832 muertes violentas de personas, de las que 237 fueron presuntas privaciones arbitrarias de la vida por parte de agentes estatales. La misión también identificó 96 posibles desapariciones de personas, 107 presuntas violaciones por tortura y por tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes, 142 por presuntas detenciones arbitrarias por agentes estatales, y 729 presuntos delitos contra la libertad cometidos por agentes no estatales», revela el informe.
Además, acusan a la FANB de «colaborar con grupos ilegales» para explotar el oro de esta zona y denuncian la presencia y el control territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur del país.
Guardan silencio ante informe
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno nacional no se había pronunciado sobre los dos informes que presentó la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El presidente, Nicolás Maduro en una alocución en VTV sólo lanzó la frase: «Se van a la ONU a hablar pistoladas de nuestra patria», al indicar que hay una campaña de desprestigio contra la imagen del país.
Horas antes colgó en su cuenta en Twitter un video del exfallecido presidente Hugo Chávez del año 2006 en Naciones Unidas, cuando exclamó «¡Huele a azufre!», al comparar al expresidente de Estados Unidos, George W. Bush con el demonio.
Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, dio una respuesta anticipada el lunes 19 de septiembre sobre la 77 Asamblea General de la ONU, como un espacio para «atacar» a algunos países y «violar su soberanía».
Medios de comunicación del Estado informaron que ayer el canciller de Venezuela, Carlos Faría, se reunió con la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Uncta), Rebeca Grynspan, ante quien denunció a Estados Unidos por las sanciones económicas que mantiene sobre Pdvsa.
«Venezuela y su pueblo son víctimas de las más crueles sanciones y medidas coercitivas impuestas por el imperio norteamericano y sus aliados; así se lo expusimos a la secretaria general de la @UNCTAD, Rebeca Grynspan @RGrynspan, durante el 77° Período de Sesiones de la ONU», publicó el canciller en su cuenta en Twitter.
Asimismo, se reunió con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, informando que revisaron el avance de la cooperación entre ambos países. «Vislumbramos nuevas alianzas estratégicas», apuntó.
También sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Timor-Leste, Adaljiza AXR Magno.
«Este #20Sep en el contexto del 77° Período de Sesiones de la ONU, nos reunimos con la canciller @AdaljizaM, ratificamos la intención de Timor Oriental y Venezuela de promover y profundizar las relaciones bilaterales en beneficio de nuestros pueblos», apuntó.
Se reunió con el embajador de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani y estrechó las manos con el canciller de Perú, César Landa.
Respalda informe
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció en Twitter respaldando la investigación de la Misión de la ONU sobre Venezuela.
«Hoy la ONU ratifica nuestras denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad en curso en Venezuela. A los que resistimos y enfrentamos a pesar de los riesgos por recuperar nuestra democracia. Maduro debe ser señalado como un dictador y miembro de una corporación criminal», escribió.
Informe claro
Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, dijo que el informe de la Misión de la ONU es «muy claro», al señalar a los organismos de inteligencia como ejecutores de crímenes de lesa humanidad.
«Hago un llamado a todos los Estados a renovar el mandato de la Misión de la ONU para que puedan seguir documentando los crímenes de la dictadura y así se garantice la justicia y reparación a las víctimas de violaciones de DD. HH.», expresó.
Paraguay solidario
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, informó ante la Asamblea General de la ONU que este país liderará una petición en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que se apruebe una investigación sobre los «atrocidades del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición en Venezuela».
«Hemos apoyado siempre al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia», reseñó el mandatario.
«Prácticas perversas»
«Demoledor informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU que evidencia una vez más las prácticas perversas, crueles e inhumanas que ordenan Maduro y Diosdado contra venezolanos inocentes. Torturan, encarcelan, reprimen, forzan al exilio y reprimen. La mafia en el poder», así lo considera David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
Critica guerra contra las drogas
En su primera intervención ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó los resultados de la guerra contra las drogas.
«Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad», expresó el presidente de la denominada izquierda progresista.
«¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria, ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica», refirió el mandatario neogranadino.
Señaló que en las selvas de Colombia, especialmente en la Amazónica, «se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2, entre millones de especies, es una de las más perseguidas de la tierra. A como dé lugar se busca su destrucción: es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los Incas. Como en un cruce de caminos paradójico. La selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida».
Luego expresó que para destruir la planta de coca «arrojan venenos», haciendo referencia al glifosato. «Detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en el Norte».
Expuso que desde Estados Unidos hacen un llamado a destruir «la planta que mata». Pero frente a esto aseguró que «la planta no es sino una planta más de las millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva».
Aunque hizo un llamado a América Latina para preservar la selva del Amazonas, señaló que el discurso para cuidarla es «hipócrita» porque «para las relaciones del poder del mundo la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más».
Enfatizó que el culpable del narcotráfico no es la selva, sino la «irracionalidad del poder mundial».