A pesar de una aparente disminución de los abusos en Venezuela contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro desde 2020, un informe reciente publicado por la Misión Independiente para Venezuela revela que estos abusos continúan de manera más «selectiva». El informe, presentado en una rueda de prensa por los miembros de la misión, documenta una serie de violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual y de género.
Según el informe, se han registrado al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 casos de violencia sexual y de género entre 2020 y 2023. La presidenta de la misión, Marta Valiñas, enfatizó que estas violaciones se han dirigido de manera selectiva contra personas de la sociedad civil, como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El informe destaca el cambio de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) a la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022. Sin embargo, la misión señala que este cambio parece ser solo de nombre, ya que los abusos de autoridad y los crímenes de Estado continúan.
La DAET tiene funciones similares y actúa de la misma manera que las FAES, y cuenta con oficiales de las FAES y otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.
El informe también menciona casos específicos de violaciones a los derechos humanos, como muertes relacionadas con protestas, asesinatos de periodistas y líderes indígenas, y muertes bajo custodia. En algunos de estos casos, la misión tiene motivos razonables para creer que fueron consecuencia directa de la negación de atención médica adecuada.
El informe también documenta casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual y de género. Se destaca la práctica ilegal de llevar a los detenidos a casas clandestinas antes de ingresarlos en un centro de detención oficial.
Si bien las protestas antigubernamentales han disminuido desde 2020, el informe sugiere que esto ha llevado a una disminución de las tácticas de represión. Sin embargo, la estructura represiva del Estado aún no se ha desmantelado y el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para reducir el espacio cívico y democrático, utilizando tácticas más sutiles como amenazas, vigilancia, hostigamiento, difamación y censura.
La misión concluye que se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela como parte de una política estatal para reprimir la disidencia. Esto es especialmente preocupante en un país que se acerca a las elecciones presidenciales de 2024, con varios candidatos de la oposición ya inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral.
El informe, el cuarto presentado por la misión ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde su creación en 2019, se basa en 254 entrevistas y cuatro diálogos con un total de 299 personas. La misión lamenta la falta de cooperación del gobierno venezolano y se compromete a seguir trabajando para promover la justicia y la rendición de cuentas.