Nicaragua se acerca a unas elecciones marcadas por el hostigamiento contra opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega. Unas elecciones sesgadas podrían aislar aún más al país, advierten expertos.
Pese a que Daniel Ortega no ha confirmado aún su candidatura, el asedio contra la oposición y medios de comunicación independientes aumenta, lo que es interpretado como un intento por allanar el camino para su reelección. La semana pasada (20.05.21) la Policía registró la redacción de la revista Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, medio crítico con Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo. Es la tercera vez que Confidencial sufre un hostigamiento por parte de las autoridades. El mismo día, el gobierno abrió una investigación contra la aspirante a la presidencia y periodista Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero. Ambos son hijos de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro.
«El símbolo de la derrota en los años 90 lo persigue, y en realidad, los cuatro hijos de doña Violeta siguen activos, pero ellos dos son los más visibles de los cuatro. El fracaso del 90 parece estar acompañando a Ortega el resto de su carrera política, y ve en los Chamorro un fantasma de pérdida de poder, al que le tiene terror”, afirma el abogado Eliseo Núñez, exdiputado opositor y analista nicaragüense, en conversación con DW.
Adicionalmente, el Congreso, dominado por el oficialismo, eligió diez magistrados afines al Consejo Supremo Electoral (CSE), anuló la observación electoral y aprobó la inhibición de candidatos opositores. Dado que los dos grandes bloques de oposición al gobierno sandinista, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, no lograron alcanzar un acuerdo de unidad, analistas temen que Ortega competirá con total ventaja.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, organización que busca la prevención de conflictos, señala que la táctica ya se ha visto en el pasado. «No es la primera vez que Daniel Ortega intenta controlar el juego electoral con el nombramiento de magistrados del Consejo Supremo Electoral; no es la primera vez que se cancela la personalidad jurídica de algunos partidos de la oposición, ni que se intenta fomentar divisiones dentro de la oposición. El problema es que esta elección tiene lugar tras el punto de inflexión de 2018, cuando el gobierno respondió con represión violenta a protestas masivas, lo que dejó un saldo de 328 de muertos y unos 100.000 desplazados. Eso significó para Ortega pérdida de apoyo popular, del sector privado y de la Iglesia Católica, y heridas que la represión causó en miles de familias”.
Breda es el principal autor de un análisis publicado por Crisis Group a seis meses de las elecciones presidenciales y legislativas generales del 7 de noviembre, en medio de una polarización extrema. «La persecución estatal de la fragmentada oposición y los temores de unas elecciones sesgadas persisten en medio de una prolongada recesión económica”, afirma el reporte.
Cae popularidad por represión de las protestas
Breda destaca que la aprobación de Ortega era de entre 60 y 70% antes de las protestas, pese a las restricciones al pluralismo democrático, la falta de transparencia y la concentración de poder. Pero el país tenía un buen desempeño en el ámbito económico. Tras la represión de las protestas la población dejó de apoyarlo, aunque los índices de aprobación ganaron en las últimas encuestas, por el manejo de la pandemia. «Se ha mantenido estable porque la base sandinista es muy sólida, incluye a decenas de miles de empleados públicos, de alcaldías, de fuerzas de seguridad, de empresas relacionadas con el gobierno, y por eso ese colchón social se ha mantenido”.
Eliseo Núñez, por su parte, destaca el acoso de los candidatos presidenciales. «Según las pocas organizaciones de Derechos Humanos que quedan en el país, hay unas 70 personas acosadas permanentemente, a lo largo y ancho del país. La Policía está en la puerta de su casa todos los días. La única que logra moverse, debido a las acusaciones en su contra, es Cristiana Chamorro, pero las informaciones que tenemos indican que Félix Madariaga, Medardo Mairena, Sebastián Chamorro y el mismo Arturo Cruz tienen restricciones para salir de sus casas”.
Oposición fragmentada
Los opositores se encuentran fragmentados y tendrán crecientes dificultades para derrotar a los sandinistas. Ortega, de 75 años, gobierna desde hace 14 años, en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, después de coordinar una Junta de Gobierno desde 1979 hasta 1985, y presidir por primera vez el país, de 1985 a 1990.
A juicio de Eliseo Núñez, la estrategia de Ortega es romper la capacidad organizativa de la oposición. «Cuando la oposición está necesitada de reunirse para lograr algún acuerdo, aumenta el acoso individual a los líderes opositores para impedir que se reúnan físicamente. Se ha logrado evadir ese acoso con las plataformas tecnológicas, pero estas no sustituyen la reunión personal”.
A eso se suman los enfrentamientos y roces personales, que datan de décadas atrás, según Tiziano Breda: «Más que diferencias ideológicas entre un sinnúmero de movimientos cívicos, con ideologías desde liberal, hasta demócrata y marxista, lo que ha influído son los roces interpersonales. Hay figuras de alto nivel entre la oposición que no logran entenderse, que se odian, y eso viene de experiencias políticas pasadas. Hay poca disposición a hacer a un lado los intereses personales. Todo el mundo quiere una unidad, pero a su medida. Ese protagonismo ha influído mucho», sostiene.
Eliseo Núñez destaca que Ciudadanos por la Libertad (CxL) declaró que las puertas están abiertas para alojar a los opositores que quedaron afuera. «En esa plataforma se habla de apoyar una sola candidatura presidencial, y que cada uno de los bloques lleve su propia lista de diputados. Es probable que inscriban también a Cristiana Chamorro, pero es un bloque que puede sufrir una cancelación de personería», indica.
Núñez considera que, pese a que algunos creen que Ortega necesita de la legitimidad que implica que alguien compita contra él, en realidad, le da lo mismo liquidar el proceso electoral, eliminar a sus contenientes o robarse las elecciones. «La comunidad internacional ha evolucionado hacia modelos de relaciones exteriores que evitan el conflicto militar. Eso es considerado como una debilidad por Ortega. Ante la posibilidad, muy remota, del uso de la fuerza, él lleva la situación al límite, en donde lo único que quedaría sería el uso de la fuerza».
Ortega busca instaurar el sistema cubano
Así es como, según el analista, Ortega se acerca al modelo cubano. «La apuesta de Ortega es pasar el trago amargo que significa el proceso electoral y quedarse en el poder a cualquier costo. Ya llegarán gobiernos que le sean más amigables, como posiblemente el de Lula, en Brasil».
Núñez advierte que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea pueden jugar un papel decisivo «en aislar al país para forzar a Daniel Ortega a un juego diferente. Estados Unidos tiene el 50% del mercado de exportación de Nicaragua, y el 90% del mercado de exportación de zonas francas. Washington tiene un poder enorme desde el punto de vista económico, y una presión tendría que obligar a Ortega a negociar, y destaca que 7 de cada 10 empleos formales los genera el sector privado.
La comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su Consejo Supremo Electoral con jueces independientes, y a mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.
Eliseo Núpez considera que Ortega aguantará cualquier presión económica o incremento de sanciones: «Ortega va a priorizar morir en el poder, pese al deterioro económico y del bienestar de los nicaragüenses. Su tiempo de vida es menor que el del resto de los nicaragüenses, y él apuesta a no dejar el poder mientras esté vivo».