En Barranquilla, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez, su expareja, fueron capturados en la ciudad de Barranquilla y trasladados a Bogotá, donde se lleva a cabo la legalización del procedimiento en el búnker de la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación tuvo que legalizar los allanamientos que llevaron al momento de la detención de ambos. Durante estos encontraron en el apartamento de Nicolás Petro al menos 25 millones de pesos en efectivo, además de computadoras y equipos de comunicación, de acuerdo con lo revelado por Semana.
Las actas de registro y los elementos incautados en el apartamento de Nicolás Petro, así como el celular encontrado en la residencia de Day Vásquez, fueron expuestos durante la presentación para respaldar la necesidad de legalizar los allanamientos.
El dinero en efectivo y los equipos encontrados en el apartamento de Nicolás Petro se convierten en parte del material de prueba que podría fortalecer la imputación de cargos en su contra por al menos dos delitos, y posiblemente ser utilizados para sustentar una eventual medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.
El sábado 29 de julio, la Fiscalía anunció la detención de Nicolás Petro Burgos y de Day Vásquez, su exesposa, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta captura se convirtió en un hecho sin precedentes, siendo la primera vez que el hijo de un mandatario nacional en ejercicio es aprehendido.
La captura del actual diputado del departamento del Atlántico tuvo lugar a las 6:00 de la mañana, según lo comunicado por el organismo judicial.
Cabe destacar que el proceso en su contra se inició a raíz de las acusaciones presentadas por su exesposa, Day Vásquez, quien lo señaló de haber recibido dinero de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, y de utilizarlo para su propio beneficio.
El abogado de Nicolás Petro Burgos, Juan Trujillo, pidió que la audiencia de legalización de la captura del hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no se lleve a cabo en el búnker de la Fiscalía. Esto se debe a su consideración de que tal ubicación viola la autonomía e independencia necesaria para el debido proceso