La oposición venezolana ha descartado la posibilidad de designar un candidato presidencial sustituto para María Corina Machado, quien ha sido descalificada para ocupar cargos públicos. Machado, candidata presidencial de la oposición, ha calificado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar su inhabilitación como una «delincuencia judicial» y ha negado que se esté considerando la designación de un candidato sustituto.
Machado ha afirmado que no se pueden celebrar elecciones sin su participación y ha acusado al presidente Nicolás Maduro de intentar impedir su candidatura. Según Machado, el pueblo ya ha elegido a su candidato en las elecciones primarias celebradas en octubre, las cuales el gobierno ha calificado como fraudulentas.
En una conferencia de prensa, Machado ha dejado claro que la idea de designar un candidato sustituto es un plan de aquellos que no quieren un cambio, mientras que su plan es precisamente el cambio.
El TSJ ratificó la inhabilitación de Machado por 15 años la semana pasada. Sin embargo, ella y sus abogados insisten en que no está inhabilitada y que el recurso presentado ante el TSJ no es una apelación, sino una demanda de amparo contra la «vía de hecho» de la inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República (CGR). Según Machado, nunca se le notificó esta acción.
A pesar de su inhabilitación, Machado ha afirmado que continuará recorriendo el país y promoviendo actividades de organización ciudadana de cara a las próximas elecciones presidenciales, cuya fecha aún no se ha anunciado.
En cuanto a la revisión de la política de sanciones por parte de Estados Unidos tras la decisión del TSJ, Machado ha reiterado que no forma parte de las negociaciones directas entre Caracas y Washington y que son las partes las que deben actuar y decidir cuando una de ellas incumple.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, Estados Unidos emitió licencias temporales que autorizan algunas transacciones relacionadas con el sector petrolero venezolano, pero advirtió que estas medidas serían revertidas si no se cumplen los compromisos acordados, incluyendo el levantamiento de las inhabilitaciones.
La delegación negociadora de la oposición ha denunciado que se ha violado el procedimiento acordado para la revisión de las inhabilitaciones y ha exigido que se revierta la decisión. Sin embargo, la delegación del oficialismo descarta esta posibilidad y niega haber violado el acuerdo.
En los últimos días, varios miembros del partido de Machado han sido detenidos y las sedes de su partido y de otras organizaciones políticas han sido vandalizadas. Esto ha sido interpretado como parte de una estrategia de persecución por parte del gobierno.
Las inhabilitaciones políticas son sanciones impuestas a funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impiden ocupar cargos públicos durante un tiempo determinado por las autoridades. Sin embargo, en el caso de Machado y otros opositores, se considera que estas inhabilitaciones son arbitrarias y han sido utilizadas por el gobierno para sacar de juego a sus opositores y a aquellos chavistas disidentes que aspiran a cargos de elección popular.