Un total de 242 organizaciones no gubernamentales, incluyendo 15 de carácter internacional, emitieron un comunicado el miércoles expresando su rechazo a la reciente intervención judicial en la Cruz Roja de Venezuela. Consideran que esta medida establece un «grave precedente» que afecta a las asociaciones civiles en el país.
Con información de El Nacional
Las ONG calificaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada la semana pasada, de destituir a la directiva de la Cruz Roja venezolana y nombrar una junta reestructuradora encabezada por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, como un «cuestionable fallo». Alertaron que esta acción forma parte de un patrón de intervenciones que violan la autonomía de la sociedad civil en el país.
Para estas organizaciones, la intervención en la Cruz Roja es un ejemplo más de los «esfuerzos tendientes a estatizar la sociedad civil» y señalan que esta situación podría abrir la puerta para afectar la independencia de otras organizaciones sociales en Venezuela. Advierten que esto agravaría las privaciones que ya enfrenta la población que recibe asistencia humanitaria.
En su comunicado, las ONG solicitan al TSJ que cese este patrón de intervención en la sociedad civil y respete la capacidad de decisión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja para llevar a cabo los cambios necesarios. Asimismo, piden que cese cualquier acción estatal dirigida a cerrar el espacio cívico en el país y que se detenga la criminalización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
Las organizaciones también hacen un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para que registren y hagan seguimiento de esta situación.
En relación con la Cruz Roja venezolana, se informa que la nueva junta directiva «ad hoc» recibió a delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para discutir una hoja de ruta que permitirá realizar elecciones democráticas en un plazo máximo de un año dentro de la organización.