Este martes, durante un debate acerca de la situación en Venezuela, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU realizó un llamado urgente para que se efectúen elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas» el 28 de julio en el país. Además, se solicitó permitir el retorno de los colaboradores de dicha oficina que fueron expulsados en febrero. «Deseamos que nuestra oficina pueda retomar a la brevedad sus actividades de apoyo a los venezolanos y fortalecer nuestra relación con el gobierno, fundamentada en el respeto mutuo y un diálogo honesto y directo», declaró Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, refiriéndose a dicha expulsión.
La administración de Nicolás Maduro obligó a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a abandonar Venezuela en 72 horas, acusándolos de espionaje y conspiración. Pese a las tensiones entre la ONU y el gobierno venezolano, que en 2019 acordaron la presencia de esta oficina en Venezuela, Al-Nashif observó avances en el país, aunque reconoció que aún resta mucho trabajo por hacer. Resaltó que, a diferencia de años anteriores, en 2023 no se reportaron casos de uso desmedido de fuerza contra manifestantes. Sin embargo, se han recibido denuncias sobre arrestos y detenciones arbitrarias.
La situación de los defensores de derechos humanos también fue abordada, señalando la represión, detención arbitraria y amenazas que enfrentan, con casos específicos como el de Javier Tarazona de Fundaredes y Rocío San Miguel de Control Ciudadano. Al-Nashif expresó preocupación por las intimidaciones a miembros de la oposición y valoró positivamente la firma de los Acuerdos de Barbados en octubre de 2023 como un paso adelante, instando a su completa y honesta implementación. A pesar de la liberación de 34 personas bajo estos acuerdos, la mayoría aún enfrenta procesos judiciales.
Desde enero de 2023, la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas, criticando la ocultación de estas detenciones por parte de las autoridades y la presentación de cargos contra los detenidos por supuesta conspiración y otros delitos. Además, se han recibido informes sobre maltrato a detenidos que podría constituir tortura y la falta de investigación en abusos contra indígenas yukpa.
Al-Nashif también señaló que las sanciones internacionales han agravado los problemas en Venezuela, afectando desproporcionadamente a la población. En respuesta, la delegación venezolana argumentó que el informe está influenciado por países con tendencia a intervenir en asuntos internos, en lugar de promover un diálogo y cooperación auténticos. Mencionaron conversaciones con la ONU para planificar una futura cooperación técnica, libre de interferencias políticas.